Por Carlos García Gelabert

Pretendo aportar, desde la coalición Podemos e Izquierda Unida en Alpedrete una visión global de como se organiza el desarrollo urbanístico por los gobiernos de la Comunidad de Madrid y las administraciones locales que son las que en último término presentan y aprueban los planes generales, con mínimas oportunidades de participación para la ciudadanía.

Hace justo un mes que se ha presentado una nueva Ley Omnibus de la Comunidad de Madrid y se ha dado un plazo para presentar alegaciones descaradamente insuficientes: 7 días que concluyeron el 19 de julio para una nueva ley que modifica 131 artículos de 10 leyes relacionadas con el urbanismo, el medio ambiente y la protección animal. Se ha cercenado el derecho de los ciudadanos y las asociaciones a participar en los asuntos públicos, establecido en la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y en la Ley 27/2006. Sin ninguna razón más que impedir el ejercicio de este derecho y eludir cualquier obstáculo a sus objetivos desarrollistas, se ha tramitado de urgencia una norma que no se va a debatir en la Asamblea hasta octubre. Una lectura rápida muestra que los cambios normativos que se dictan en esta ley van destinados a la relajación de los controles y garantías medioambientales y sociales de las políticas y leyes autonómicas en materia urbanística y medioambiental.

De forma paralela y análoga en el ayuntamiento de Alpedrete, el Señor Alcalde convocó con 7 días de antelación un pleno municipal extraordinario para resolver las alegaciones al PGOU, que se celebró el 18 de julio. Se dispuso de un volumen extraordinario de documentación en este plazo exiguo que no se pudo estudiar más que de forma muy parcial. Todas las alegaciones que ponían en cuestión el crecimiento y el desarrollismo urbanístico fueron desestimadas. En cambio se estimó la que proponía un nuevo sector para su recalificación como urbanizable, que no contaba con figura legal de protección, aunque estaba previamente vinculado a la finca Santa Quiteria que sí está especialmente protegida. Se trata del ámbito de actuación AA03 Cerca de los Robles. Este nuevo ámbito de actuación es un terreno con arbolado de unos 24.000 metros cuadrados, donde se pueden proyectar 91 viviendas. Ya lo tienen todo acordado. Si no queríamos desarrollo urbanístico ni crecimiento desmedido, toma doble ración.

Algunas de las alegaciones presentadas al PGOU de Alpedrete hacían mención a la tipología de las viviendas proyectadas en el SUSR 01 de los Llanos Sur: 855, unas libres y otras protegidas; pues bien, se acepta un aumento de la proporción de viviendas de protección a un 40% de acuerdo con las exigencias legales. Pero, claro, el 22 de febrero de este año se publicó en el BOCM un aumento de precio del módulo VPP de entre el 26% y el 56 % según el municipio y el tipo de protección, con lo que la vivienda protegida en algún caso puede tener un precio mayor que la libre en la Comunidad de Madrid. Así que la construcción de las mal llamadas viviendas de protección, lo que se ha utilizado siempre como coartada para dar una aparente utilidad social a las promociones, ya la pueden llevar a cabo sin riesgo de disminuir su rentabilidad.

Así que está todo arreglado para seguir con la estrategia de desarrollar un gran número de viviendas en todas partes, también en Madrid ciudad, pero en este caso en los municipios periféricos y en la sierra que tiene más gancho comercial.

¿Qué nos queda? Como la incorporación de este sector al plan supone una modificación sustancial del mismo, se ha abierto un nuevo plazo de exposición pública para presentar alegaciones que comenzó el día a1 de agosto Nos jugamos mucho en el futuro del municipio, y tenemos que intentar todo lo posible con las alegaciones y más allá, involucrar al mayor número de vecinos y asociaciones y considerar otras vías como la judicial. En cualquier caso, la contestación social es lo único que nos va quedando y habrá que intentarlo, a pesar de que agosto no es el mejor mes para la participación ciudadana, tenemos que volcarnos para impedir lo que no sería en absoluto bueno para el municipio de Alpedrete. Objetivo: parar el PGOU de Alpedrete que pretende construir 1791 viviendas hasta 2031 con una población estimada hasta 23. 383 habitantes, el Plan General de los constructores, no de los vecinos.

Carlos García – Gelabert es concejal en el municipio de Alpedrete por la coalición Podemos – Izquierda Unida