El futuro urbanístico de la dehesa de Los Arroyuelos, uno de los espacios naturales más valiosos de Cercedilla, ha sufrido un importante revés. La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha determinado que el Plan Parcial del Sector SAU-3 deberá volver prácticamente al inicio de su tramitación al considerar que la documentación presentada no justifica adecuadamente los impactos ambientales del proyecto y requiere una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, el procedimiento ambiental más exigente previsto por la legislación.

La resolución supone un duro golpe para el desarrollo promovido por la empresa Inversiones Inmobiliarias Canvives, propietaria de los terrenos y filial del Banco Santander y del fondo de inversión Blackstone, que pretendía urbanizar la dehesa con la construcción de 36 viviendas unifamiliares sobre parcelas de aproximadamente 1.000 metros cuadrados.

La decisión llega después de un largo proceso de movilización ciudadana que ha reunido 2.000 firmas de oposición, 46 alegaciones registradas y numerosos informes de organismos públicos que cuestionan distintos aspectos del proyecto. Para las entidades vecinales y ecologistas, el pronunciamiento de la Comunidad de Madrid supone un respaldo a las advertencias que vienen realizando desde hace más de un año sobre las consecuencias ambientales del desarrollo urbanístico.

El conflicto se remonta a finales de 2024, cuando la Alcaldía de Cercedilla aprobó inicialmente el Plan Parcial presentado por la promotora para desarrollar el Sector SAU-3 «Los Arroyuelos».

Según el comunicado, el documento fue elaborado íntegramente por la propia empresa promotora y aprobado por el Ayuntamiento sin introducir modificaciones, a pesar de las numerosas objeciones planteadas durante el periodo de información pública.

El proyecto contemplaba la transformación de una dehesa con importantes valores naturales en una urbanización de chalés, una iniciativa que desde el principio despertó una fuerte contestación vecinal y ecologista por el impacto que podría tener sobre el entorno.

Uno de los aspectos más relevantes del informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente es que cuestiona la propia base ambiental sobre la que se sustentaba el plan.

El órgano autonómico afirma que la alternativa urbanística propuesta «no se encuentra justificada ambientalmente» porque el Documento Ambiental Estratégico no realiza un análisis suficientemente detallado de las afecciones que provocaría el desarrollo previsto.

En consecuencia, el procedimiento simplificado inicialmente planteado deja de ser válido y el proyecto deberá someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, un proceso mucho más exhaustivo que implicará nuevos estudios, consultas a organismos públicos y participación ciudadana antes de que pueda volver a valorarse su aprobación

La resolución de la Comunidad de Madrid se apoya además en los informes elaborados por diferentes organismos públicos, que ponen de manifiesto numerosas carencias del proyecto.

Entre ellos figura el informe del Área de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que considera insuficiente la anchura prevista para los viales de acceso, cuestiona los radios de giro de las calles, la ubicación de los hidrantes y advierte de la proximidad del desarrollo a terreno forestal, circunstancias que podrían dificultar una intervención eficaz en caso de incendio.

Especialmente significativo resulta también el informe de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal.

Este organismo alerta de que hasta 714 árboles maduros de un total de 939 existentes podrían verse comprometidos por la urbanización prevista y recuerda que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales permite limitar la ocupación urbanística en este tipo de espacios.

Asimismo, señala que cualquier futura evaluación ambiental deberá contar con el informe específico de la Sección de Parques Regionales y Naturales debido al valor ecológico del ámbito afectado.

Otro de los informes incorporados al expediente corresponde al Canal de Isabel II.

El organismo advierte de que el sistema de saneamiento de El Chaparral ya presenta problemas de capacidad debido a las aportaciones procedentes de Cercedilla, Los Molinos y Guadarrama.

Por este motivo, considera imprescindible la firma previa de un nuevo Convenio de Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas antes de que pueda aprobarse definitivamente cualquier desarrollo urbanístico en el sector, recomendando expresamente al Ayuntamiento que no continúe la tramitación mientras dicho convenio no exista.

El comunicado pone especial énfasis en el papel desempeñado por la ciudadanía durante todo el proceso.

Con la creación de la Plataforma Vecinal en Defensa de la Dehesa de Los Arroyuelos se impulsó una intensa campaña informativa destinada a dar a conocer los valores ambientales del espacio y las consecuencias que podría tener su urbanización.

Como resultado de esa movilización se recogieron 2.000 firmas manuscritas presentadas ante la propia Consejería de Medio Ambiente.

Además, durante el periodo de exposición pública se registraron 46 alegaciones procedentes tanto de asociaciones como de particulares.

Los vecinos sostienen que el proyecto responde a intereses especulativos, cuestionan su utilidad pública y denuncian que el municipio continúa sin resolver problemas básicos de abastecimiento y depuración en zonas ya consolidadas mientras se plantea un nuevo crecimiento urbanístico.

También recuerdan que numerosas viviendas construidas hace décadas siguen careciendo de conexión a la red municipal de alcantarillado.

Entre las alegaciones presentadas destacan las elaboradas por Ecologistas en Acción Sierras.

La organización defiende que Los Arroyuelos constituye en la práctica un espacio rural con un elevado valor forestal, agropecuario y paisajístico que debería clasificarse como suelo no urbanizable protegido.

Las alegaciones describen un enclave con arroyos y escorrentías naturales, aprovechamientos tradicionales ganaderos y forestales y presencia de aves protegidas e incluso especies amenazadas que utilizan la zona para nidificar o alimentarse.

Las organizaciones denuncian igualmente que, pese a que el Ayuntamiento de Cercedilla se comprometió en pleno municipal a responder las alegaciones presentadas, hasta la fecha no se ha emitido contestación alguna.

Añaden además que el informe emitido por la Consejería fue recibido hace casi dos meses y todavía no ha sido publicado en la página web municipal ni comunicado oficialmente a las partes interesadas.

La resolución de la Comunidad de Madrid reabre además el debate sobre el futuro urbanístico de la dehesa.

El informe de la Dirección General de Biodiversidad recuerda que los montes arbolados que superen el 30 % de cobertura forestal deberían incorporarse como zonas verdes, sistemas generales de espacios libres o recuperar la condición de suelo no urbanizable de protección cuando se revise el planeamiento municipal.

Precisamente, Cercedilla se encuentra inmersa en la elaboración de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana, circunstancia que las organizaciones consideran una oportunidad para modificar definitivamente la clasificación urbanística de Los Arroyuelos y garantizar su conservación.

Uno de los aspectos más llamativos del informe autonómico es que reprocha al documento urbanístico no haber estudiado la denominada «alternativa cero», es decir, la posibilidad de no ejecutar el desarrollo urbanístico.

La propia Consejería sostiene que esa opción sería la más favorable desde el punto de vista ambiental al producir el menor impacto sobre todos los elementos analizados.

Con esta resolución, el Plan Parcial SAU-3 vuelve oficialmente a la casilla de salida y deberá iniciar una nueva tramitación ambiental mucho más rigurosa, incorporando estudios adicionales y nuevas consultas a administraciones, organizaciones sociales y ciudadanía antes de que pueda decidirse si el proyecto puede continuar o si, por el contrario, el futuro de la dehesa pasa por su protección definitiva.