Los inquilinos de las viviendas de protección pública de la urbanización de El Montecillo de Las Rozas, han recibido con sorpresa y desconcierto una notificación de la Agencia Tributaria en la que se les comunica el embargo de la renta del alquiler de sus viviendas. La razón es una deuda de la anterior propietaria, Ferrocarril Intermediación y Patrimonio, con Hacienda.

La promoción de El Montecillo es la primera convocatoria de viviendas con protección pública del Ayuntamiento de Las Rozas, y buscaba fomentar el acceso de los jóvenes a la vivienda y facilitar su arraigo en el municipio. La Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda (EMGV) de Las Rozas vendió una parcela municipal a la empresa Ferrocarril Intermediación y Patrimonio, para que construyera 400 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra para jóvenes de Las Rozas menores de 35 años. 

Para Patricia García, concejala de Contigo por Las Rozas, “estos nuevos problemas del embargo de las rentas de alquiler son una muestra más del fracaso del modelo de vivienda protegida del PP, basado en la iniciativa privada, que no logró cubrir las necesidades de vivienda de los colectivos más desfavorecidos y que ha generado numerosos problemas a los adjudicatarios de las viviendas, que han quedado indefensos frente a los intereses de las empresas privadas propietarias de las viviendas, pervirtiendo su objeto social”.

García considera que “el embargo de las rentas de los vecinos de El Montecillo se suma a una larga lista de problemas que han venido padeciendo desde que se adjudicó la promoción: condiciones del contrato abusivas, obligación de asumir el pago del IBI pese a no ser propietarios de la vivienda, precios de los alquileres por encima de la media del mercado libre…”. 

La Asociación de Vecinos de El Montecillo, que representa a los adjudicatarios de esta promoción, ya denunció hace años la alta tasa de renuncia a las viviendas que se estaba produciendo en la urbanización y los problemas con la empresa propietaria por desentendimiento de sus obligaciones de mantenimiento de la urbanización y las viviendas, pese al alto precio del alquiler.

Además, Patricia García recuerda que “hace unos meses, la promoción pasó a manos del fondo buitre Black Stone, que también se ha hecho con un numeroso paquete de viviendas del IVIMA, en una operación que está judicializada por presuntas irregularidades”. 

García también ha expresado el apoyo de su grupo a los vecinos ante esta nueva situación: “Desde Contigo Por Las Rozas lamentamos la situación en la que se encuentran los vecinos de esta promoción y exigimos al Equipo de Gobierno del PP que tome las medidas necesarias para aclarar la situación en relación al embargo de las rentas, prestando apoyo y asesoramiento a los vecinos afectados en defensa de sus derechos”.