Por Paula Iglesias Bueno

En los últimos años, quienes nos dedicamos a la memoria democrática nos vemos explicando una y otra vez por qué con Franco no se vivía mejor. Hambre, cárceles, represión, pobreza, censura… y, si eras mujer, adoctrinamiento y control absoluto sobre ti, tu estilo de vida y tu cuerpo.

Prueba de ello es una de las instituciones más longevas y desconocidas del franquismo: el Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985). Sí, has leído bien, sobrevivió 10 años a la muerte del dictador. Y, sin embargo, empezamos a conocerla recientemente gracias a los testimonios de las supervivientes y a investigadoras como Carmen Guillén, María Palau, Esther López Barceló, Marta García, Consuelo García del Cid, Lucía Prieto o Pilar Iglesias Aparicio, entre otras.

Una institución integrada en el aparato represor del régimen, dependiente del Ministerio de Justicia y en colaboración con la Iglesia Católica, destinada a encerrar niñas, adolescentes y mujeres jóvenes por considerarlas «caídas» o «en peligro de caer». Mujeres que debían ser «reconducidas», «reeducadas» y «redimidas», gracias a la disciplina de las órdenes religiosas que regentaban los centros.

¿Qué significaba «caer»? Desde llevar la falda demasiado corta a manifestarse, pasando por citas en los cines, ser lesbiana o embarazos fuera del matrimonio. Cualquier transgresión del modelo de feminidad nacionalcatólica, sin constituir delito, podía acabar en encierro. Un encierro que iba acompañado de maltratos físicos y psicológicos, aislamientos, trabajos forzados, robos de bebés y adopciones irregulares, derivaciones a centros psiquiátricos con electroshocks y shocks insulínicos, y un largo etcétera de violaciones de los derechos humanos. Sin crimen, sin juicio y sin sentencia.

Se extendía por todo el Estado y, aunque desconocemos el número exacto, hablamos de decenas de miles de mujeres que sufrieron en sus centros por el simple hecho de no entrar en los estrechos límites de la «buena mujer franquista». Para hacernos una idea, en 1964, según las propias memorias del Patronato, había 41335 internas.

Y sí, también llegó a nuestra comarca. En concreto, a Collado Villalba, a un centro regentado por la congregación de María Iauna Coeli en la Carretera de Moralzarzal número 10. Donde hoy se encuentra, casualmente, el Colegio Virgen de la Almudena, dirigido por la misma congregación.

En un acto el pasado mes de junio, en memoria de Inmaculada Valderrama —víctima mortal del Patronato—, decía Consuelo García del Cid, superviviente y pionera en la investigación y divulgación de esta institución, que los centros más temidos por las internas eran San Fernando de Henares, Baeza y, precisamente, Collado Villalba.

Un centro del que, sin embargo, no encontramos prácticamente documentación ni reconocimiento público en el municipio. Lo que conocemos es gracias a testimonios de quienes lo sufrieron, como Paca Blanco, quien se fugó dos veces de allí, no sin antes conocer sus celdas de castigo y a los perros que las monjas lanzaban contra las internas.

El pasado 20 de marzo, se reconoció en un acto oficial a estas mujeres como víctimas del franquismo y el Ministerio de Justicia pidió perdón. El 25 de junio, el alcalde de San Fernando de Henares se comprometió a poner el nombre de Inmaculada Valderrama Morato a un espacio público. La maternidad de Peñagrande, en Madrid, es el único centro del Patronato que cuenta con una placa conmemorativa, colocada en 2018.

Los reconocimientos y la divulgación avanzan, sí, pero a un ritmo muy lento para lo tarde que llegan. Urge avanzar hacia un conocimiento extenso, una reparación real a las supervivientes y un desarrollo, municipio a municipio, de políticas públicas de memoria específicas sobre el Patronato de Protección a la Mujer. Placas, actividades, planes educativos, apertura de archivos, ayudas económicas, rendición de cuentas. Todo lo que sea necesario para cumplir con la verdad, la justicia, la reparación y, más que nunca en los tiempos que corren, la garantía de no repetición