El Ayuntamiento de Collado Villalba intentará ejecutar este jueves un desalojo cautelar en el bloque de viviendas situado en la calle Real 13-15, un edificio propiedad de la SAREB en el que residen más de un centenar de personas, entre ellas familias con menores, personas mayores y vecinos con discapacidad. Según ha denunciado la Asamblea de Vivienda de Villalba, el Consistorio prevé intervenir a primera hora de la mañana para desalojar el inmueble sin alternativa habitacional para la mayoría de sus habitantes.

La medida se sustenta en un procedimiento administrativo iniciado por el Ayuntamiento el pasado mes de octubre y promovido directamente desde Alcaldía, sin que hayan intervenido los servicios municipales de Urbanismo ni de Sanidad. Desde entonces, las vecinas y vecinos afectados, junto a la Asamblea de Vivienda, han solicitado en repetidas ocasiones acceso al expediente, reuniones con los técnicos municipales y la posibilidad de presentar alegaciones, sin haber recibido respuesta. Pese a ello, la alcaldesa, Mariola Vargas, negó públicamente en su momento la intención de proceder al desalojo, mientras el trámite administrativo continuaba avanzando.

Desde la Asamblea de Vivienda se insiste en que el desalojo carece de base legal, ya que no existe una declaración de ruina del edificio ni una situación de emergencia que justifique una actuación cautelar sin autorización judicial. Tampoco se ha solicitado orden de entrada a los domicilios, un requisito indispensable para una intervención de este tipo. En este sentido, recuerdan que un informe elaborado por un arquitecto independiente concluye que el inmueble no presenta deficiencias estructurales graves ni riesgos inmediatos para la seguridad o la salud de quienes lo habitan.

El intento de desalojo del bloque de la calle Real 13-15 no es un hecho aislado. En septiembre del pasado año, el Ayuntamiento actuó de manera similar en otro edificio propiedad de la SAREB situado en la calle Trinidad 19. Aquel operativo terminó con varias personas en la calle y sin solución habitacional, entre ellas Montse, una vecina que, tras pasar semanas durmiendo en la vía pública, falleció meses después en la Plaza de los Belgas. La Asamblea de Vivienda ha señalado en numerosas ocasiones este caso como un ejemplo de las consecuencias directas de las políticas municipales en materia de vivienda y servicios sociales.

Según los datos recogidos en un informe elaborado por el propio movimiento vecinal, Collado Villalba se sitúa entre los municipios que menos presupuesto destinan por habitante a servicios sociales, muy por debajo de la media regional y estatal. Para la Asamblea, esta falta de inversión, unida al uso de desalojos cautelares, evidencia una estrategia que, lejos de ofrecer soluciones, agrava la situación de las personas más vulnerables del municipio.

El conflicto se produce además en un contexto de negociaciones abiertas entre parte de las familias del bloque y la SAREB para la firma de contratos de alquiler social. Actualmente, decenas de hogares se encuentran en conversaciones con la entidad y varias de ellas cuentan ya con compromisos firmados. Estas viviendas están llamadas a integrarse en el futuro parque público vinculado a la empresa municipal Casa 47, un proyecto que ha generado preocupación entre colectivos sociales por el modelo de gestión previsto y por el peso que tendrán criterios económicos frente a los sociales.

Desde la Asamblea de Vivienda de Villalba señalan que la actuación del Ayuntamiento beneficia directamente a la SAREB, facilitando el vaciado del edificio mientras se mantienen abiertas las negociaciones de alquiler social. En su valoración, la combinación de decisiones municipales, la inacción del Gobierno central frente a la especulación inmobiliaria y el diseño de las políticas de vivienda pública están contribuyendo a incrementar el sinhogarismo en la comarca.

Ante la inminencia del operativo, la Asamblea ha convocado a medios de comunicación y a la ciudadanía a concentrarse desde primera hora de la mañana frente al bloque de la calle Real 13-15 para denunciar el desalojo y exigir medidas sociales que garanticen una alternativa habitacional digna para todas las personas afectadas. El colectivo insiste en que la solución al conflicto pasa por el acceso a alquileres sociales y por políticas públicas que prioricen el derecho a la vivienda frente a las actuaciones coercitivas.