La grave situación provocada por los incendios forestales que afectan desde hace días a la Comunidad de Madrid, Castilla y León y otros puntos de la península continúa dejando consecuencias en la Sierra de Guadarrama. Aunque las llamas se concentran principalmente en la Sierra Oeste madrileña y en la provincia de Ávila, el humo ha alcanzado numerosos municipios de la comarca, obligando a cancelar actividades al aire libre, recomendar a la población limitar la exposición en el exterior y mantener la vigilancia ante la evolución del fuego.

En este contexto, el Partido Comunista de España (PCE) de Madrid y Castilla y León ha hecho público un comunicado conjunto bajo el lema «Lucha contra el fuego, lucha contra el capital», en el que realiza una dura crítica a las políticas forestales desarrolladas durante las últimas décadas y reclama un cambio profundo en la gestión del territorio.

Para la organización, los grandes incendios que cada verano afectan a miles de hectáreas de monte no son únicamente consecuencia de las altas temperaturas o del cambio climático, sino también del abandono de las políticas públicas de prevención y de un modelo económico que, aseguran, prioriza el beneficio privado sobre el interés general.

El comunicado comienza recordando que un verano más la población asiste a la devastación de miles de hectáreas de bosque, a la destrucción de ecosistemas, a la evacuación de pueblos enteros y a la muerte de miles de animales.

Según el PCE, aunque el cambio climático está intensificando estos fenómenos, sería un error considerar los incendios como una fatalidad inevitable.

La organización sostiene que una parte importante de esta situación responde a decisiones políticas adoptadas durante años y denuncia que los gobiernos autonómicos han renunciado a desarrollar políticas eficaces de prevención.

En este sentido, responsabilizan especialmente a los ejecutivos del Partido Popular en Madrid y Castilla y León de haber mantenido un modelo basado en los recortes, las privatizaciones y el debilitamiento progresivo de los servicios públicos relacionados con la gestión forestal.

«Los montes no se defienden únicamente cuando arden», señala el comunicado, que insiste en que la prevención debe realizarse durante todo el año mediante trabajos de limpieza, planificación forestal, gestión sostenible e inversión pública continuada.

Uno de los ejes principales del documento se centra en la situación laboral de los bomberos forestales.

El PCE denuncia que quienes desempeñan una labor imprescindible para proteger el patrimonio natural continúan trabajando, en muchos casos, bajo condiciones de precariedad, con plantillas insuficientes y falta de reconocimiento profesional.

Recuerdan que estos trabajadores llevan años reclamando estabilidad laboral, salarios dignos, mejores medios materiales y un reconocimiento efectivo de su profesión, reivindicaciones que, aseguran, han encontrado demasiadas veces indiferencia por parte de las administraciones.

La formación expresa además su solidaridad con las brigadas forestales, los servicios de emergencia, la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil, voluntarios y vecinos afectados por los incendios, destacando el enorme esfuerzo que están realizando para contener una situación especialmente compleja.

El comunicado insiste en que las administraciones han centrado tradicionalmente sus esfuerzos en la extinción de los incendios mientras han reducido las inversiones destinadas a evitarlos.

Según el PCE, cuando la prevención deja de ser una prioridad porque no genera beneficios económicos inmediatos, las consecuencias aparecen cada verano en forma de incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar.

La organización considera imprescindible recuperar una planificación forestal permanente que incluya el mantenimiento del monte, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la recuperación del medio rural y la creación de empleo estable vinculado a la conservación del territorio.

También advierte de que, en algunos casos, los incendios pueden abrir posteriormente la puerta a operaciones urbanísticas o cambios en los usos del suelo, una cuestión que consideran debe vigilarse especialmente.

Más allá del análisis de la emergencia concreta, el comunicado plantea una reflexión de carácter político sobre el modelo económico.

El PCE sostiene que el capitalismo convierte la naturaleza en una mercancía y considera el gasto ambiental como un coste prescindible. A su juicio, esta lógica provoca que cuestiones como la protección de los montes, la biodiversidad o la seguridad de la población queden subordinadas a intereses económicos.

Por ello defienden una política basada en la planificación pública, el fortalecimiento de los servicios públicos, la gestión democrática del territorio y una reindustrialización sostenible del medio rural que permita fijar población y crear empleo de calidad.

«La lucha por la justicia ambiental es inseparable de la lucha por la justicia social», afirma el comunicado, que considera incompatible la protección efectiva del medio ambiente con un modelo económico basado en la explotación intensiva de los recursos naturales.

La publicación del comunicado coincide con unos días especialmente complicados para la Sierra de Guadarrama.

Durante las últimas jornadas, numerosos municipios de la comarca han registrado una importante presencia de humo procedente de los incendios activos en Madrid y Castilla y León. La calidad del aire ha empeorado considerablemente y diversas actividades culturales, deportivas y festivas han tenido que suspenderse o modificarse por motivos de seguridad.

En localidades como Collado Villalba, las Fiestas Sin Patrón suspendieron parte de su programación ante las recomendaciones sanitarias, mientras otros municipios han pedido a la población evitar esfuerzos físicos al aire libre, prestar especial atención a personas mayores, menores y personas con enfermedades respiratorias y mantenerse informada de la evolución de la emergencia.

Aunque los trabajos de extinción continúan y las condiciones meteorológicas han ofrecido algún respiro, los dispositivos de emergencia permanecen desplegados ante el riesgo de reactivaciones y la complejidad de unos incendios que ya figuran entre los más graves registrados en los últimos años en la región.

El comunicado concluye reclamando un cambio de rumbo en las políticas forestales y resume sus principales reivindicaciones en tres grandes ejes: más prevención durante todo el año, mayor inversión pública en la gestión de los montes y más derechos laborales para las y los bomberos forestales.

La organización cierra su mensaje con un llamamiento a la movilización social bajo el lema «¡Frente a la barbarie del capital, organización y lucha!», defendiendo que la protección de los bosques y la lucha contra los grandes incendios requieren una apuesta política sostenida y no únicamente actuaciones de emergencia cuando el fuego ya se ha declarado.