l Partido Comunista de Madrid (PCM) ha presentado formalmente una denuncia ante la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra por mantener en el callejero del municipio la denominación de una vía con referencias al franquismo, a pesar de las advertencias legales previas y las demandas ciudadanas. La denuncia, registrada tras la ausencia de respuesta municipal a una reclamación pública realizada en febrero, plantea que la inacción del Consistorio podría constituir no solo una infracción grave, sino también una posible prevaricación administrativa por omisión de un deber legal que la legislación actual considera imperativo.

La denuncia se centra en la persistencia de un nombre vinculado a figuras y símbolos del franquismo —en particular, el de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, organización fascista que sirvió de sostén ideológico y represivo a la dictadura franquista— en una avenida del municipio. Según el PCM, la permanencia de esta denominación constituye una vulneración de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar los nombres y símbolos que exaltan la sublevación militar y el régimen dictatorial y que representan un desprecio hacia los valores democráticos y los derechos humanos.

La organización política recuerda que ya en febrero exigió públicamente al Ayuntamiento la retirada de la “Avenida de José Antonio”, subrayando que la presencia de ese topónimo no puede considerarse neutral ni anecdótica, dado el peso simbólico que conlleva para las víctimas del franquismo y sus familiares. En aquel comunicado, el PCE de la Sierra del Guadarrama hizo un llamamiento a la ciudadanía para implicarse activamente en la recuperación de la memoria democrática local, enfatizando que las calles reflejan los valores que una sociedad decide honrar.

En su nuevo escrito ante la Fiscalía, el PCM advierte de que la falta de actuación por parte del Ayuntamiento no solo contraviene la ley, sino que puede derivar en sanciones, entre ellas multas de hasta 10.000 euros por infracciones graves, y en responsabilidades legales más amplias para los responsables municipales. La denuncia insta al Ministerio Público a requerir al alcalde la retirada inmediata de la placa y del nombre cuestionado, y solicita que se investigue si existe prevaricación administrativa por no cumplir con la obligación legal de eliminar referencias a la dictadura.

La formación va más allá de la denuncia y propone que la vía en cuestión sea rebautizada como “Avenida Abogados de Atocha”, un homenaje a los letrados laboralistas asesinados en enero de 1977, cuyo 50º aniversario se conmemorará próximamente y que representan un símbolo del compromiso con los derechos laborales, las libertades y la justicia social. Para el PCM, esta denominación alternativa respeta la memoria histórica y honra a quienes lucharon por la democracia en un momento clave de la transición española.

El debate en torno a la retirada de nombres y símbolos vinculados a la dictadura no es exclusivo de Becerril de la Sierra. En distintas localidades españolas se han producido reclamos y acciones similares para adaptar el espacio público a los principios establecidos por la Ley de Memoria Democrática, que busca reparar la memoria de las víctimas y erradicar los vestigios de exaltación del franquismo en la vida cotidiana.

El PCM insiste en que la retirada de estos nombres no supone borrar la historia, sino **hacer justicia y consolidar la democracia», en palabras de sus portavoces, y resalta que la memoria histórica es un componente esencial para construir una convivencia basada en el respeto, los derechos humanos y la igualdad.