Por Fernando Jiménez Briz

En unas semanas dejaremos de hablar de La Odisea de Nolan, de Spiderman, tristemente de los incendios y de las condiciones de los forestales, y de los áticos de Ayuso y su novio Quirón. La actualidad política volverá a girar, como cada cierto tiempo, alrededor de las elecciones. Entraremos de lleno en el carrusel de la precampaña electoral: comenzaremos a conocer a los candidatos y candidatas que optarán a las alcaldías de nuestros municipios, veremos cómo las distintas organizaciones van desvelando sus proyectos y asistiremos a la revalidación de algunas coaliciones de la izquierda transformadora o al nacimiento de otras nuevas. Algunas llegarán con tiempo suficiente para consolidarse; otras, como tantas veces ocurre, lo harán en el tiempo de descuento.

Llega ese momento de balances y de mirar hacia la próxima cita con las urnas tras una legislatura marcada, en buena parte de la Sierra de Guadarrama, por gobiernos del Partido Popular y Vox. Gobiernos que, con sus particularidades en cada municipio, han compartido una misma forma de entender la política y una serie de rasgos comunes.

Hemos visto cómo la derecha ha convertido la batalla cultural en uno de los ejes de su acción política. El intento del gobierno de Alpedrete de eliminar los nombres de Francisco Rabal y Asunción Balaguer del Centro Cultural es, probablemente, el ejemplo más conocido, pero no ha sido el único. A ello se ha sumado el cuestionamiento de las políticas de igualdad, la negación de la violencia machista y la desaparición o el cambio de denominación de los Puntos Violeta en distintos municipios, sustituyendo políticas de prevención y sensibilización por un discurso que pretende invisibilizar una realidad que sigue existiendo.

Pero la legislatura también ha dejado otras constantes: ataques a la participación ciudadana, conflictos en torno a la protección del territorio, problemas en la gestión de los servicios públicos y una forma de gobernar que, en demasiadas ocasiones, ha priorizado la confrontación ideológica frente a la búsqueda de soluciones para los problemas cotidianos de nuestros vecinos y vecinas. A ello se suma la falta de recursos y de medios suficientes para los servicios sociales en municipios como Galapagar o Collado Villalba, precisamente cuando las necesidades sociales no han dejado de crecer.

También hemos visto políticas que evidencian una preocupante falta de empatía hacia quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. En el caso de Collado Villalba, la gestión de Mariola Vargas constituye un ejemplo especialmente significativo de unas políticas que, lejos de poner en el centro a quienes más necesitan el apoyo de las instituciones, han mostrado en diferentes ocasiones una preocupante deriva aporófoba.

Son síntomas distintos de una misma forma de entender la política: menos recursos para lo público y menos derechos para quienes más los necesitan, mientras se dedica una parte importante de la acción política a disputas ideológicas que poco tienen que ver con los problemas reales de nuestros vecinos y vecinas.

Y veremos en los próximos meses cómo estas organizaciones introducirán, incluso con calzador, asuntos como la llamada «prioridad nacional», cuando hasta ahora, en demasiadas ocasiones, lo único que han introducido ha sido la «prioridad taurina» frente a otras necesidades mucho más urgentes de nuestros municipios.

Todo esto sucede, además, en un contexto de derechización del debate político. No es de locos afirmar que nuestra sociedad haya asumido de alguna manera las posiciones de la derecha para reconocer una realidad: en los últimos años, determinados discursos que no hace demasiado tiempo ocupaban posiciones marginales han conseguido introcucirse en el debate público y, en algunos casos, convertirse en el centro del debate.

Esta derechización no se produce en el vacío. Vivimos un momento de incertidumbre y de deterioro de las condiciones materiales de buena parte de la clase trabajadora: salarios que no siempre crecen al ritmo del coste de la vida, crisis de acceso a la vivienda que afecta no solo a los jóvenes, sino a la clase trabajadora que es incapaz de acceder a unas viviendas, que por derecho, les pertenecen, servicios públicos sometidos a una presión creciente y una emergencia climática que también tiene consecuencias directas sobre nuestros municipios.

La extrema derecha ha sabido aprovechar parte de ese malestar para ofrecer respuestas sencillas a problemas complejos, señalando como responsables a quienes tienen menos capacidad para defenderse. Y ha conseguido algo todavía más importante: marcar en muchas ocasiones los marcos del debate, obligando al resto de fuerzas políticas a reaccionar ante sus discursos en lugar de ser capaces de plantear una agenda propia.

La izquierda no puede limitarse a responder a cada provocación ni a construir su discurso únicamente desde la defensa de lo conseguido. Necesitamos disputar el sentido común, hablar de las condiciones materiales de vida de la mayoría social y ofrecer respuestas concretas a los problemas que existen en nuestros municipios.

Porque mientras se intenta arrastrarnos permanentemente a esas batallas, nuestros vecinos y vecinas se enfrentan a problemas mucho más concretos: el precio de la vivienda, unos alquileres que expulsan a jóvenes y trabajadores, el coste de la vida, un transporte público que no responde a las necesidades de la población o unos servicios públicos sometidos a una presión cada vez mayor.

En la Sierra esto es especialmente importante. No podemos permitir que la preocupación legítima por la vivienda, por la inseguridad económica, por el deterioro de los servicios públicos o por la falta de oportunidades para nuestros jóvenes sea canalizada por discursos que buscan culpables entre quienes tienen menos capacidad para defenderse.

La mejor forma de combatir esa derechización no es únicamente decirle a la gente qué no debe votar. Es demostrar que existe una alternativa capaz de mejorar sus condiciones de vida, defender los servicios públicos y construir municipios más habitables, igualitarios y sostenibles.

Es en este contexto donde la izquierda transformadora de la Sierra debe abrir un debate sereno, honesto y estratégico sobre cómo afrontar las próximas elecciones municipales. Porque la cuestión no es únicamente quién encabezará cada candidatura, sino cómo construir una alternativa que sea capaz de volver a ilusionar, ampliar su base social y disputar las mayorías a la derecha.

Y hay algo que la Sierra ya ha demostrado: cuando hay una causa que defender, somos capaces de encontrarnos. Lo hemos visto en la defensa de los servicios públicos, en la lucha de las trabajadoras y trabajadores del Hospital de Collado Villalba, en la solidaridad con el pueblo palestino, en la defensa del medioambiente, en el movimiento feminista o en la lucha por el derecho a una vivienda digna.

La pregunta que debemos hacernos es por qué esa capacidad de encontrarnos en la calle no somos siempre capaces de trasladarla al terreno electoral.

Porque en demasiadas ocasiones las coaliciones de la izquierda transformadora se han entendido únicamente como una suma de siglas. Y una candidatura no tendrá éxito simplemente porque aparezcan más nombres y más organizaciones en una papeleta. La convergencia necesita trabajo previo, confianza, generosidad y, sobre todo, un proyecto común.

Pero también debemos entender que la convergencia es una herramienta y, como cualquier herramienta, debe ser útil para el objetivo que perseguimos. La situación política de hoy no es la misma que la de 2015, cuando las candidaturas de unidad popular y distintas experiencias de confluencia de la izquierda transformadora aparecieron en numerosos municipios de la Sierra.

Desde entonces han ocurrido muchas cosas y la propia gestión de las organizaciones de izquierdas, con responsabilidades diferentes según cada caso, ha contribuido a deteriorar buena parte de aquella experiencia. No es este el momento de analizar responsabilidades ni de ajustar cuentas, pero sí de reconocer que no podemos afrontar el futuro como si nada hubiera sucedido.

Precisamente por eso, hablar hoy de convergencia no puede significar simplemente intentar reconstruir lo que existió hace una década. Tenemos que aprender de aquella experiencia, de sus aciertos y también de sus errores, y construir nuevas formas de cooperación adaptadas a la realidad actual.

Y, pese a todo, en la Sierra todavía existen espacios que demuestran que es posible mantener esa cultura de trabajo común. Moralzarzal en Común es uno de ellos. Allí conviven militantes de Izquierda Unida, Podemos y, sobre todo, muchas personas independientes que han convertido ese espacio en algo que va más allá de una coalición electoral. Personas que, además, son referentes en luchas como el feminismo, la solidaridad con Palestina, la defensa del medioambiente, la educación pública o el sindicalismo de clase.

Es precisamente en experiencias como esta donde podemos encontrar algunas claves. La convergencia funciona cuando existe vida política más allá de las elecciones, cuando quienes participan se reconocen como compañeros y compañeras de luchas compartidas y cuando el proyecto común tiene más peso que la disputa por el espacio propio de cada organización.

La convergencia tampoco puede limitarse a una negociación entre organizaciones unas semanas antes de las elecciones. Debería comenzar mucho antes, desde los municipios, desde los espacios sociales, desde las luchas compartidas y desde la confianza entre quienes durante años hemos trabajado por objetivos comunes. Una de las lecciones que debemos de comprender es que estos espacios no pondrán funcionar si no hay una confianza previa.

Y hasta aquí. Por ahora.

Así que desconecten, disfruten de lo que queda de verano y aprovechen estos días de tranquilidad. Porque en unas semanas empezará el carrusel electoral: candidatos, listas, pactos, encuestas y, por supuesto, las inevitables negociaciones de última hora.

Entonces volveremos a hablar de todo esto. De momento, disfruten. Que el carrusel está a punto de arrancar.

Fernando Jiménez Briz es militante del PCE y de Izquierda Unida