La Asamblea de Izquierda Unida en Torrelodones ha denunciado que «el cambio en la calificación de unas viviendas de carácter social, de alquiler con derecho a compra a alquiler, conduce a que ni el Ayuntamiento ni la promotora hayan modificado los importes a pagar mensualmente y hace que los inquilinos tengan serias dificultades para afrontar su pago, pese a ser viviendas de carácter social.»

Para la formación de izquierdas «la crisis inmobiliaria aún colea en la economía de nuestro país y afecta a los vecinos de nuestro municipio» y así denuncia que el Ayuntamiento de Torrelodones gobernado por el PP en 2008, cedió suelo público para la construcción de viviendas de protección social. Una parte de ellas iba a ser para venta, y otra en régimen de alquiler con opción a compra. Esta cesión se hizo a la promotora Acción Aragonesa de Viviendas que quebró dada la situación del sector inmobiliario en ese momento.La promotora Avintia, en 2019, se interesó por la promoción. El Ayuntamiento de Torrelodones se plegó a los intereses de la constructora. Vecinos por Torrelodones negoció el cambio de uso, pasando de alquiler con derecho a compra a simplemente alquiler. Se alegó para su modificación la falta de oferta de vivienda pública en el municipio, sin contar con las personas que ya tenían la adjudicación de las viviendas en el régimen inicial. Este cambio fue aprobado por todos los grupos políticos que conformaban el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones.»

«Pese a haberse cambiado el régimen de las viviendas no se modificaron las condiciones económicas de éstas; esto es, la cuantía mensual y la revisión periódica del alquiler, un importe que ya, de por sí, era elevado puesto que una parte de él iría destinado al pago de la compra de la vivienda. Avintia, además, les hace pagar el IBI y los gastos de comunidad como si de una vivienda con derecho a compra se tratase.» explican

Para IU es «sorprendente que el Ayuntamiento no pidiesen que se modificasen las cuantías de los alquileres, ajustándose a su nuevo uso. Desde Izquierda Unida condenamos que este cambio no haya tenido en cuenta las necesidades de las personas demandantes ni su situación particular. Es por ello por lo que siempre, desde Izquierda Unida, hemos tenido claro que el alquiler social debe estar vinculado a criterios de renta de los beneficiarios. Algunos de los vecinos afectados por este cambio han denunciado la situación en la que se encuentran a la Comunidad de Madrid a través de la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba. La Comunidad de Madrid hasta la fecha no ha iniciado ningún tipo de acción que solvente la situación de los vecinos. Y no sólo eso, sino que ha aceptado y admitido, y por lo tanto es corresponsable, que la promotora Avintia use los decretos de vivienda de 2005 y 2009 según las partes que le convenía, perjudicando aún más la situación de los vecinos del edificio.»

Izquierda Unida denuncia que «la vivienda publica debe tener siempre un fin social, el beneficiario de esta cesión de suelo público a una empresa privada no son las familias con especiales dificultades para acceder a una vivienda, si no la empresa adjudicataria de la construcción, el papel del Ayuntamiento de Torrelodones, tanto del equipo de gobierno como de los grupos de la oposición, que sólo se preocupó en solventar el problema de la construcción de las viviendas sociales plegándose a los intereses de Avintia e ignorando las demandas de los verdaderos beneficiarios de la política de vivienda pública en Torrelodones, los vecinos y que la política de vivienda pública de la Comunidad de Madrid, ajena a las necesidades de vivienda de la población con dificultades, promoviendo viviendas con un precio similar a los del mercado, que sólo benefician a las empresas constructoras y no a las familias demandantes.»

Desde la Asamblea de Izquierda Unida de Torrelodones apoyan «las demandas de este grupo de vecinos de nuestro municipio y llevaremos su voz a las instituciones para resolver la situación en la que se encuentran entre ellas que la Comunidad de Madrid de una solución al problema, que el Ayuntamiento de Torrelodones dada su nefasta gestión, se implique en el tema y busque una solución y que la vivienda publica siempre debe cumplir un objetivo social y que el precio del alquiler de la misma esté sujeto a criterios de situación de vulnerabilidad y renta de las familias. «