Izquierda Unida ha puesto en marcha una herramienta dirigida a las personas inquilinas con el objetivo de facilitar la solicitud de la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, una medida que podría proteger a millones de hogares en un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda.

La iniciativa busca ofrecer un recurso práctico para que quienes tengan contratos próximos a vencer puedan acogerse a la ampliación prevista en el decreto, que permite extenderlos hasta dos años manteniendo las condiciones actuales y evitando subidas de precio. Desde la formación destacan que muchos inquilinos desconocen sus derechos o no saben cómo ejercerlos, por lo que esta herramienta pretende simplificar el proceso.

La prórroga afecta a los contratos que expiran entre 2026 y 2027, un periodo en el que finalizan numerosos alquileres firmados durante la pandemia. Según advierten desde IU, esta situación podría traducirse en incrementos de hasta el 30%, 40% o incluso el 50% si no se aplican medidas de contención.

En este contexto, la organización subraya que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad social. La subida continuada de los precios del alquiler está tensionando la economía de miles de familias, especialmente en zonas urbanas y áreas metropolitanas.

La herramienta forma parte de una estrategia más amplia para garantizar la aplicación efectiva del decreto y evitar que quede en papel mojado. IU insiste en que la prórroga no solo debe aprobarse, sino también llegar de forma real a quienes la necesitan.

El decreto, actualmente en vigor a la espera de su convalidación definitiva en el Congreso, establece además límites a la actualización anual de los alquileres y obliga a los propietarios a aceptar la prórroga si el inquilino la solicita dentro del plazo establecido.

Desde Izquierda Unida enmarcan esta iniciativa en la necesidad de reforzar las políticas públicas de vivienda y avanzar hacia un modelo que garantice el acceso a una vivienda digna, frente a la escalada de precios y la creciente inseguridad residencial.