Concluido el plazo de alegaciones ante la modificación de la Ley del Suelo, Izquierda Unida ha anunciado que seguirá trabajando junto a otros actores sociales y políticos para evitar la vuelta del llamado modelo del “ladrillo” a la Comunidad de Madrid

La federación considera que el anteproyecto de modificación resta garantías sociales y supone una amenaza para el patrimonio y el medio ambiente

En las últimas semanas y en plena pandemia, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la modificación de la Ley del Suelo, con la presentación de un anteproyecto de Ley que impone a los ayuntamientos la supresión de licencias urbanísticas. Según el propio Gobierno regional ha reconocido, esta modificación es tan solo el avance de una nueva Ley del Suelo de mayor impacto prevista para los próximos meses, con la que pretende confiar la recuperación económica en Madrid al modelo especulativo de la construcción y el ladrillo, cuyas nefastas consecuencias sociales, económicas y medioambientales quedaron de manifiesto en la crisis de 2008.

Izquierda Unida ha participado en el proceso de alegaciones a esta modificación de la Ley del Suelo desde la Asamblea de Madrid a través de su grupo parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida, así como desde los distintos municipios en los que cuenta con representación, desde los cuales también se han aportado objeciones al anteproyecto.

Según valora IU, bajo el argumento de eliminación de “cargas administrativas innecesarias”, el anteproyecto para la modificación de la Ley del Suelo pretende imponer un modelo de absoluto descontrol de la actividad urbanística en la Comunidad de Madrid, al sustituir la necesidad de disponer de licencias por la mera presentación de declaraciones responsables en un gran número de actuaciones de edificación y urbanismo. Así, según expone la federación madrileña de IU, se antepone el interés de los propietarios en comenzar una obra inmediatamente sobre las garantías de cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental, los derechos laborales, de consumo y de la sociedad en general.

Esta modificación legal podría dar lugar a la aparición de usos ilegales, molestos, ruidosos o que no cumplan la legalidad medioambiental en el territorio y los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid, con escasa capacidad de control para los Ayuntamientos, que asumirían más responsabilidades legales teniendo menos herramientas de actuación. Además, no se garantizaría el cumplimiento de la normativa y la identificación de los responsables legales en la construcción, pudiendo dar lugar a vacíos de responsabilidad incluso en un ámbito tan importante como la seguridad y salud laboral.

Así mismo, la modificación de la Ley permitiría la demolición de edificios sin control previo de los ayuntamientos y de forma “exprés”, lo que constituiría una seria amenaza para el patrimonio histórico y cultural en la mayoría de municipios de la Comunidad de Madrid, que no cuentan con un Catálogo de Bienes Protegidos actualizado. Por otro lado, no se garantiza el cumplimiento de la normativa medioambiental en cuestiones como la gestión de residuos de construcción y demolición, y se dejan en una situación legal confusa actuaciones como extracción de áridos, vertidos o instalación de tendidos eléctricos. 

Para Izquierda Unida, el sector de la construcción debe orientarse hacia necesidades sociales como la rehabilitación energética o la vivienda, no hacia el modelo insostenible, volátil y especulativo del “ladrillo” que pretende el gobierno regional.  

Por todos estos motivos, IU Madrid anima a la ciudadanía a movilizarse contra los proyectos de reforma de la Ley del Suelo anunciados por Isabel Díaz Ayuso y seguirá trabajando los próximos meses junto a otros actores sociales y políticos para defender un modelo de desarrollo económico y social sostenible para la Comunidad de Madrid.