La Asamblea de Vivienda de Villalba ha hecho público un nuevo comunicado en el que vuelve a señalar la responsabilidad del Ayuntamiento de Collado Villalba en el desalojo del bloque situado en los números 13 y 15 de la Calle Real y en la gestión posterior de la situación generada, poniendo especial énfasis en la falta de planificación social y en la ausencia de una respuesta efectiva para las más de cien personas afectadas.

Según denuncia el colectivo, el operativo se ejecutó sin que se mostrara en ningún momento orden judicial o resolución administrativa que lo avalara, y sin que el Ayuntamiento haya hecho públicos los informes técnicos en los que se habría basado el desalojo cautelar. La Asamblea insiste en que estos documentos han sido solicitados de forma reiterada, tanto por el propio colectivo como por grupos de la oposición municipal, sin que hasta la fecha se haya facilitado acceso a los mismos.

Uno de los aspectos más graves señalados en el nuevo comunicado es la actuación de los Servicios Sociales municipales. La Asamblea afirma que no fueron informados previamente del desalojo, a pesar de tratarse de un edificio en el que residían familias con menores, personas mayores y vecinas con problemas de salud. Esta falta de aviso provocó, según denuncian, que los Servicios Sociales se vieran completamente desbordados una vez ejecutado el operativo, sin capacidad real para ofrecer una respuesta inmediata ni soluciones habitacionales a la mayoría de las personas expulsadas de sus viviendas.

El colectivo subraya que el desalojo se produjo en condiciones especialmente duras, con temperaturas cercanas a los cero grados, lo que incrementó el riesgo para las personas afectadas. En este contexto, la Asamblea denuncia que la práctica totalidad de las vecinas quedó sin alternativa habitacional proporcionada por la administración, siendo nuevamente la solidaridad vecinal y el apoyo mutuo los que permitieron que todas ellas pudieran pasar la noche bajo techo.

El comunicado también detalla los hechos ocurridos durante el propio operativo, incluyendo la detención de uno de los vecinos del bloque. La Asamblea denuncia un uso excesivo de la fuerza, asegurando que el vecino fue agredido cuando ya se encontraba en el suelo y que varios agentes continuaron inmovilizándolo mediante presión corporal pese a no representar ninguna amenaza. El afectado fue puesto en libertad posteriormente y acompañado por miembros del colectivo a la salida del juzgado.

En su valoración de los hechos, la Asamblea señala igualmente a la SAREB, propietaria del inmueble, por desentenderse de la situación y derivar la responsabilidad al Ayuntamiento. El colectivo recuerda que se trata de una entidad pública dependiente del Ministerio de Economía y denuncia que su actitud ha sido clave para que el desalojo se llevara a cabo sin una solución social previa.

El nuevo comunicado también condena el posicionamiento público del PSOE de Collado Villalba tras el desalojo, al que acusa de reproducir un discurso de criminalización de la pobreza y de asumir como propias las tesis que han justificado la intervención. Para la Asamblea, estas declaraciones evidencian que las políticas que han conducido al desalojo cuentan con un amplio consenso institucional en el municipio, más allá de quién ostente el gobierno local.

Desde la Asamblea de Vivienda de Villalba advierten de que el desalojo del bloque 13-15 no solo ha dejado en situación de extrema vulnerabilidad a decenas de familias, sino que pone en peligro su salud y su vida, al haberse ejecutado sin garantías, sin alternativas habitacionales y sin una intervención social planificada. El colectivo exige responsabilidades políticas y reclama un cambio de enfoque que priorice medidas sociales y de protección real frente a actuaciones cautelares que, denuncian, solo conducen al abandono de viviendas y a su futura especulación.