La Asamblea de Vivienda de Villalba se ha sumado a las movilizaciones y a la acampada desarrolladas en la Puerta del Sol en defensa del derecho a la vivienda, en un contexto marcado por los desahucios, el incremento de los alquileres y las dificultades de cada vez más familias para acceder a una vivienda. El colectivo pone el foco en el caso de Maricarmen, que en los últimos días ha adquirido una importante repercusión mediática, pero también reivindica la memoria de Montse, una vecina de 63 años que fue desalojada de su vivienda en Collado Villalba y que falleció en la calle dos meses después.

La organización considera que ambos casos forman parte de una problemática mucho más amplia y recuerda que en España se producen decenas de desahucios cada día. Según señala, detrás de cada procedimiento existe una historia personal que, en numerosas ocasiones, permanece fuera de la atención pública. En este sentido, denuncia años de discursos y campañas que, a su juicio, han contribuido a deshumanizar a las personas afectadas por la falta de vivienda y a presentar la pobreza como un problema individual.

La Asamblea de Vivienda de Villalba ha participado en las movilizaciones de Sol junto al movimiento por el derecho a la vivienda y otras organizaciones, defendiendo que este derecho debe garantizarse independientemente del origen o de la situación administrativa de las personas y con independencia de que el problema tenga su origen en una hipoteca, un alquiler o una situación de ocupación.

En este contexto, el colectivo también ha reaccionado al anuncio realizado por el Ayuntamiento de Collado Villalba sobre su intención de adquirir el bloque situado en los números 13-15 de la calle Real por algo más de 900.000 euros. Para la Asamblea de Vivienda, la operación anunciada por el equipo de gobierno encabezado por Mariola Vargas responde fundamentalmente a una estrategia política de confrontación con el Gobierno central y no a una política municipal destinada a solucionar el problema de acceso a la vivienda.

El colectivo cuestiona especialmente las declaraciones de la alcaldesa en las que habría vinculado la operación con el futuro del inmueble y con la posibilidad de que el edificio vuelva a quedar ocupado o se deteriore. A juicio de la Asamblea, la propuesta municipal constituye una maniobra política y considera que la cantidad ofrecida podría resultar insuficiente para que finalmente la operación llegue a materializarse.

La organización recuerda que la situación del bloque de Real 13-15 se ha convertido en uno de los conflictos habitacionales más visibles de Collado Villalba y que durante los últimos años se han producido negociaciones relacionadas con los alquileres sociales y con la situación de las familias residentes. En este sentido, critica que las soluciones planteadas por las distintas administraciones no hayan garantizado el acceso a una vivienda estable para todas las personas afectadas.

La Asamblea de Vivienda extiende además sus críticas a la política social desarrollada por el Ayuntamiento de Collado Villalba durante los últimos años. El colectivo habla de trabas al empadronamiento, campañas de estigmatización y desalojos que considera injustificados, y cuestiona el nivel de inversión municipal en Servicios Sociales.

Según los datos aportados por la organización, el gasto municipal en Servicios Sociales se situaría en 39,33 euros por habitante y año, frente a los 323,36 euros de media de la Comunidad de Madrid y los 372,23 euros de media estatal. Para la Asamblea, estas cifras reflejan una insuficiente apuesta por las políticas sociales y de protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

El colectivo relaciona esta situación con el caso de Montse, una mujer de 63 años que fue desalojada de una vivienda por el Ayuntamiento de Collado Villalba en un procedimiento en el que también estuvo implicada la SAREB. Según denuncia la Asamblea, Montse terminó viviendo en la calle y falleció dos meses después.

La organización considera especialmente grave la gestión municipal de aquel caso y recuerda las declaraciones realizadas posteriormente por la alcaldesa Mariola Vargas, a quien atribuye haber lamentado que el desahucio no se hubiera producido antes. Para la Asamblea de Vivienda, estos antecedentes dificultan que el actual anuncio de la compra del bloque de Real 13-15 pueda interpretarse como un cambio de orientación en la política municipal de vivienda.

“¿Qué ha hecho la alcaldesa hasta el momento para facilitar el acceso a la vivienda a la clase trabajadora villalbina?”, plantea el colectivo, que considera que la adquisición anunciada debe analizarse también a la luz de las políticas desarrolladas durante los últimos años.

La Asamblea cuestiona igualmente que el Ayuntamiento haya apuntado a la posibilidad de utilizar parte de las viviendas del bloque de Real 13-15 para alojar temporalmente a las vecinas y vecinos de los bloques del Pontón mientras se realizan las obras de reforma previstas en esa zona.

Según explica la organización, ese eventual realojo no podría producirse de manera inmediata, ya que antes sería necesario completar la adquisición del inmueble y posteriormente acometer las obras de rehabilitación necesarias. El colectivo recuerda además que el bloque de Real 13-15 no dispone actualmente de licencia de primera ocupación.

La Asamblea pone como ejemplo los retrasos acumulados en otras actuaciones municipales para cuestionar los plazos que podría requerir una eventual rehabilitación del edificio. En concreto, señala que las obras del polideportivo Kike Blas acumulan, según sus datos, cerca de 2.000 días de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista para su finalización.

El colectivo recuerda también el conflicto relacionado con la deuda municipal con las comunidades de propietarios del Pontón, que superaba los 7.000 euros y que, según señala, fue abonada por el Ayuntamiento después de que esta situación se hiciera pública.

Críticas también al Gobierno central

Las críticas de la Asamblea de Vivienda de Villalba no se dirigen únicamente al Ayuntamiento. El colectivo también cuestiona las políticas desarrolladas por el Gobierno central y sostiene que el Ejecutivo progresista no ha dado una respuesta suficiente a la crisis habitacional.

La organización considera que las medidas adoptadas hasta ahora no han permitido revertir la situación y critica especialmente la Ley de Vivienda, que califica de ineficaz. También reclama el cumplimiento de la promesa de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y denuncia que las medidas de protección frente a los desahucios dejan fuera a determinadas personas, especialmente a quienes se encuentran en una situación administrativa irregular.

En este sentido, la Asamblea recuerda las negociaciones desarrolladas en torno a los alquileres sociales para las familias del bloque de Real 13-15 y asegura que SAREB planteó inicialmente excluir a más de la mitad de las familias por no disponer de documentación en regla.

Para el colectivo, la situación de las personas migrantes constituye uno de los elementos centrales de la crisis habitacional. Denuncia que estas personas se encuentran especialmente expuestas a situaciones de subarriendo, alquileres sin contrato, estafas, hacinamiento y otras formas de precariedad residencial.

La Asamblea vincula esta realidad con la defensa de los derechos de las personas migrantes y sostiene que la lucha por la vivienda debe incorporar también una dimensión antirracista. En este sentido, critica las políticas de control migratorio y las medidas que, a su juicio, pueden dejar a determinadas personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

Reivindicaciones del movimiento de vivienda

Ante esta situación, la Asamblea de Vivienda de Villalba reclama una serie de medidas para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna. Entre sus principales reivindicaciones se encuentra una reducción generalizada de los precios de los alquileres para que estos no superen el 30% de los ingresos de las familias.

El colectivo reclama también la eliminación de los pisos turísticos, la implantación de contratos de alquiler indefinidos y el fin de la especulación con la vivienda. En este último ámbito, defiende que las viviendas en manos de fondos de inversión, bancos y grandes propietarios pasen a formar parte del parque público de vivienda.

La Asamblea reclama asimismo el desmantelamiento de las empresas de desokupación, a las que acusa de utilizar métodos coercitivos y violentos al margen de los procedimientos judiciales. También defiende la absolución de las personas encausadas por delitos de usurpación y el fin de las campañas de criminalización y estigmatización de la ocupación.

Entre sus reivindicaciones figura igualmente la prohibición de los desahucios y la garantía de un acceso universal y estable a los suministros básicos. El colectivo reclama además la derogación de la Ley Mordaza y la absolución de las personas encausadas en aplicación de esta normativa.

Para la Asamblea de Vivienda de Villalba, las soluciones a la crisis habitacional no pueden limitarse a medidas puntuales o temporales, sino que deben abordar las causas estructurales que dificultan el acceso a una vivienda. “No queremos parches, queremos un sistema donde todas las personas, sea cual sea su condición, tengan garantizado el derecho a una vivienda”, sostiene.

El colectivo ha aprovechado su participación en las movilizaciones de Sol para llamar a la organización vecinal y a la participación en los espacios de defensa del derecho a la vivienda. En el caso de Villalba, invita a quienes quieran incorporarse a acudir a sus reuniones, que se celebran todos los viernes a las 19:00 horas en el Ateneo, situado en la calle Pardo de Santallana, 1.

La Asamblea cierra su comunicado reivindicando a Maricarmen, a Montse y al conjunto de personas afectadas por la crisis habitacional y resume su posición con el lema: “Por Maricarmen, por Montse y por las demás. Hasta que no acabe el rentismo, seguiremos okupando”.