La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación contra el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra por mantener en el callejero municipal una vía dedicada a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la organización fascista Falange Española. La decisión llega tras la denuncia presentada por el Partido Comunista de España (PCE), que considera que el Consistorio incumple de manera reiterada la Ley de Memoria Democrática y mantiene de forma deliberada una exaltación pública del franquismo.

La Sección Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía ha incoado las Diligencias de Investigación Preprocesal nº 578/2026, dando así curso formal a la denuncia impulsada por el Partido Comunista de España (PCE) y promovida inicialmente por el Núcleo del PCE de la Sierra de Guadarrama, que ya denunció públicamente esta situación el pasado mes de febrero.

La apertura de diligencias supone un paso de enorme relevancia política y jurídica en una polémica que lleva años abierta en el municipio serrano y que ha sido objeto de debate en distintos ámbitos sociales y memorialistas. Desde el PCE consideran que no se trata de una cuestión simbólica menor, sino de “una anomalía democrática” incompatible con los principios constitucionales y con la legislación vigente en materia de memoria democrática.

En la denuncia remitida a la Fiscalía, el PCE sostiene que el mantenimiento de la denominada “Avenida de José Antonio” no responde a un mero descuido administrativo ni a una cuestión histórica neutral, sino a una “voluntad política expresa de desobediencia” por parte del Gobierno municipal. El escrito recuerda además que ya en 2016 quedó acreditado documentalmente que el nombre histórico original de la vía era “Calle La Era”, desmontando así el argumento utilizado en ocasiones por sectores conservadores que defendían la permanencia del nombre por motivos tradicionales o ajenos a la exaltación franquista.

Desde el Núcleo del PCE de la Sierra de Guadarrama han defendido que mantener este tipo de referencias en el espacio público supone “normalizar símbolos vinculados a la negación de la democracia y a la persecución política y sindical”. En palabras de la organización comunista, “esta nomenclatura no es un hecho anecdótico ni un nombre neutro. Es la permanencia de una figura que simboliza la negación de la democracia y la persecución de la clase trabajadora”.

La denuncia se apoya en el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a las administraciones públicas a retirar de oficio elementos, símbolos o menciones que supongan exaltación de la sublevación militar, la dictadura franquista o sus dirigentes.

Además, la formación advierte de que la negativa reiterada a cumplir una obligación legal “clara e imperativa” podría incluso derivar en responsabilidades penales por un posible delito de prevaricación administrativa. La investigación de la Fiscalía deberá determinar ahora si existen indicios suficientes para apreciar dicha conducta y qué actuaciones corresponden al Ministerio Público.

La polémica sobre la permanencia de símbolos franquistas en municipios de la Sierra de Guadarrama ha ocupado espacio en el debate político y social durante los últimos años, especialmente tras la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática estatal. En el caso de Becerril de la Sierra, colectivos memorialistas y organizaciones políticas llevan tiempo denunciando que el Ayuntamiento no ha actuado para adaptar el callejero municipal a la legalidad vigente.

Desde el PCE consideran que la actuación de la Fiscalía supone “un respaldo a las reivindicaciones democráticas y memorialistas” impulsadas desde la comarca. La organización insiste en que la retirada de esta denominación no responde únicamente a una cuestión legal, sino también a la necesidad de construir “un espacio público coherente con los valores democráticos y antifascistas”.

En este sentido, el Partido Comunista ha propuesto formalmente que la actual avenida pase a denominarse “Avenida Abogados de Atocha”, en homenaje a los abogados laboralistas asesinados en 1977 por la extrema derecha franquista. La propuesta coincide además con la cercanía del 50º aniversario de aquel atentado, considerado uno de los episodios más importantes de la Transición y de la lucha por las libertades democráticas.

La formación señala que este cambio permitiría sustituir un homenaje a uno de los máximos referentes ideológicos del fascismo español por el reconocimiento a quienes “defendieron la democracia, los derechos laborales y las libertades públicas frente a la violencia política”.

Por el momento, el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra no ha hecho pública ninguna valoración sobre la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía. Entretanto, desde las organizaciones memorialistas y políticas que impulsaron la denuncia consideran que el inicio de la investigación marca “un precedente importante” en la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Democrática en los municipios madrileños.