Del análisis realizado por el Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama, la conclusión a la que han llegado es su rechazo a que la sustitución de la licencia urbanística por una Declaración Responsable,  con el pretexto de agilizar las obras, sirva de forma eficaz para reactivar el sector de la construcción. «La crisis de la construcción no es de trámites administrativos sino de demanda. Y la crisis económica se va a agudizar en los próximos meses» dicen desde el Observatorio.

Y añaden «Nos preocupa sobremanera la repercusión de la modificación de la Ley en nuestros Ayuntamientos. La actual sobrecarga de trabajo de  los técnicos se va a agudizar cuando haya que ir detrás de los acontecimientos para comprobar si se han hecho bien las cosas. En las alegaciones desglosamos los riesgos para el equilibrio económico de nuestros municipios y su patrimonio natural y cultural»

Por otra parte, desde el Observatorio critican la apuesta por lo que denominan «un modelo desfasado que se ha demostrado fracasado, en lugar de buscar sinergias con alternativas de futuro como la rehabilitación de viviendas, aislamientos, energía solar, adaptaciones de los centros públicos a la nueva normalidad, etc. Y coordinado con la política estatal de transición energética y economía verde»

En su opinión «La Sierra de Guadarrama necesita una reflexión sobre su modelo económico.  Hay que recuperar el comercio de proximidad, la economía circular, la producción agroecológica, la economía verde. Hay que comprometerse con nuestros emprendedores fomentando infraestructuras de trabajo, redes sociales y mercados virtuales. La construcción debe ser un factor clave, pero no a través de la especulación inmobiliaria, sino a través de fomentar la rehabilitación y aislamiento de edificios y viviendas. Nuestro parque de viviendas necesita una renovación y eso es una oportunidad para nuestras pymes y medianas empresas.  El Plan gubernamental va a generar un financiamiento para estas actividades. Ahí nos deberíamos centrar, concretar y exigir a la C.M. y a la Administración Central, para que esos fondos estatales generen empleo en nuestros pueblos»

Manifiesto completo

Para este Observatorio Ciudadano, la reforma, elaborada por vía urgencia, con la Asamblea de Madrid cerrada, sin participación ciudadana, ni de los colegios profesionales, ni de los ayuntamientos, supone una agresión al conjunto de la sociedad madrileña porque fomenta un urbanismo sin control con graves consecuencias en el patrimonio natural y cultural, las
administraciones locales y la ciudadanía. Por ello, este Observatorio considera:

1.- La propuesta atenta contra los municipios, crea inseguridad jurídica y supone un riesgo para el medio natural y el patrimonio

Se centra en la sustitución de la Licencia Urbanística por un procedimiento, la Declaración Responsable Urbanística (DRU), para los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo, vuelo o subsuelo no expresamente incluidos en el artículo 152 del mismo. La DRU “habilita al interesado para el ejercicio de la actuación pretendida desde el día de su presentación” (artículo 157.1 del anteproyecto). Esta Declaración da presunción de legalidad a las acciones del promotor desde el mismo día de presentación de la DRU, reduce gravemente el control previo de los proyectos de construcción y serán los ayuntamientos los que tendrán que demostrar la ilegalidad de las actuaciones una vez hecha la obra.

El argumento utilizado para el cambio es la agilización de trámites para facilitar la reactivación del sector de la construcción. El problema de la construcción no es de lentitud administrativa, que tiene otras soluciones, sino de demanda. Los datos del Registro de la Propiedad de Madrid señalan que en marzo de 2020, es decir antes del confinamiento, las ventas habían caído un 37% respecto al año anterior. Ahora, esta crisis se va a ver gravemente aumentada, pero dejar barra libre a los constructores no va a mejorar significativamente la capacidad de adquisición de los potenciales compradores, ni servirá para absorber la bolsa de vivienda usada en venta, ni la de nueva promoción. Los analistas avisan que a corto y medio plazo
las dificultades de los compradores van a aumentar de forma significativa, de forma que las modificación de la Ley del suelo podrá beneficiar a algunos promotores pero no al conjunto de la sociedad.

El Anteproyecto no aporta soluciones de futuro, pero si agudizará tres problemas que generan gran preocupación en la ciudadanía e intenta resolver la UE y los estados miembros: la mitigación-adaptación al cambio climático, la transición productiva y energética y la consecución de los Objetivos de Desarrollo 2030.

La propuesta responde a criterios obsoletos e insiste en errores del pasado:
• impulsará un modelo económico-productivo que ha demostrado su peligrosidad, que generó, en 2007, una burbuja inmobiliaria con una gravísima crisis económica, social y laboral de la que todavía
no nos hemos recuperado.
• fomentará un modelo urbanístico insostenible con mayor dispersión urbana, incremento del consumo de combustibles fósiles en el transporte, incremento de la contaminación atmosférica, destrucción y despilfarro de los recursos naturales.

2.- No hay motivos para abordar esa modificación por el procedimiento de urgencia

El trámite de urgencia ha impedido realizar un debate sosegado sobre esta cuestión tan relevante para la región. Tampoco ha permitido expresarse al respecto a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, ayuntamientos, colegios profesionales, sociedad civil y resto de agentes sociales y económicos. ¿Tan urgente es que no se permite el debate o incluso coordinar acciones con el Gobierno Central?. La modificación propuesta facilitará hacer grandes negocios a unos pocos a cambio de reducir la capacidad de actuación de los ayuntamientos, destruir su patrimonio, aumentar los desequilibrios ambientales y reducir la calidad de vida de la ciudadanía. La urgencia del procedimiento beneficia al oscurantismo y elude la transparencia tan necesaria en nuestra región.

3.- La modificación genera un grave riesgo en el patrimonio natural y cultural de los municipios madrileños, especialmente los menores de 15.000 habitantes y los emplazados en La Sierra y pie de monte.

Reducirá sustancialmente la capacidad municipal de control previo de obras y por tanto las garantías de que se realicen sin generar impactos negativos en la calidad de vida, el medio ambiente, la economía y la
cultura locales. Los ayuntamientos tendrán que velar y garantizar, a posteriori, que las obras realizadas se ajustan a la legislación. Por el contrario, el promotor podrá ejecutar la obra con presunción de legalidad
desde el mismo día de presentación de la DRU mientras que los ayuntamientos ni siquiera tendrán derecho a disponer de toda la documentación.
La propuesta facilita la construcción dispersa en zonas rusticas que implicará, a largo plazo, un incremento sustancial de costes para los ayuntamientos que deberán dotar a estas construcciones de nuevas
infraestructuras y servicios. Especial riesgo supone para el medio natural y el patrimonio cultural de nuestros pueblos, porque relaja los controles previos que garantizan la aplicación correcta de la normativa sectorial. Para el patrimonio natural conviene recordar que existe legislación de rango superior que prioriza los criterios ambientales sobre los urbanísticos, de forma que éste será un ámbito especialmente problemático para los ayuntamientos por la inseguridad jurídica que conllevan las propuestas.

4.- Al facilitar la demolición de edificios, además de generar graves consecuencias en el patrimonio natural, paisajístico y cultural, incrementará los problemas de seguridad en el trabajo, siniestralidad y salud de la población.

La demolición es una actividad con elevados riesgos ambientales y de siniestralidad laboral, porque a los riesgos inherentes asociados al manejo de maquinaria pesada y desmantelamiento de construcciones, se unen los derivados de la existencia de sustancias peligrosas o explosivas. Por ello, en las demoliciones es muy necesario un control previo exhaustivo antes, durante y una vez finalizados los trabajos.

Cualquier interesado, con un sencillo trámite (DRU), podrá demoler un inmueble con valor histórico-artístico potencial, con los riesgos que ello supone para el patrimonio local, y la acción municipal de control se ejecutará después de realizada la demolición, si el ayuntamiento tiene medios para ejercerla. Las modificaciones propuestas son muy graves para la conservación del patrimonio natural, cultural y paisajístico porque reduce la capacidad de control previo. Presentando la DRU cualquiera puede proceder a usos ilegales o molestos en locales y edificaciones. Los
vecinos se encontrarán en situación de indefensión por hechos consumados y el ayuntamiento, para revertir la situación, deberá asumir costes adicionales para demostrar la ilegalidad, porque la presunción de legalidad la tiene el particular.

5.- Las modificaciones generarán múltiples problemas en los ayuntamientos que condicionarán su gobernabilidad.

Nuestros municipios ya tienen una grave falta de personal (esta es la causa principal de la mayoría de los retrasos en la gestión de licencias urbanísticas) que se agudizará si se aprueba la modificación de ley
generando un abandono de responsabilidades y/o sobrecostes muy difíciles de asumir. Al actuar una vez ejecutada la obra los daños pueden ser irreparables, porque una multa no recupera el bien destruido.
La descarga de responsabilidades en los municipios sin dotarles de medios para ejercerlas hipotecará la acción de gobierno local e incrementará la inseguridad jurídica.
La propuesta facilita al promotor entregar viviendas en primera ocupación sin supervisión previa municipal.
La medida favorecerá que el promotor eluda responsabilidades por defectos de obra e incrementará los problemas generados en compradores y ayuntamientos.
Los ayuntamientos verán limitadas sus competencias urbanísticas porque otras administraciones públicas, como la regional, aumentarán radicalmente su capacidad de intervención en la esfera local, bastándole
una comunicación con un mes de antelación para eliminar cualquier oposición municipal.

6.- La propuesta no afronta ni resuelve el problema de fondo

La modificación de ley incide en errores del pasado, agravará problemas de nuestra sociedad y se ha realizado dando la espalda a propuestas de gran importancia generadas desde la Unión Europea y el Gobierno Central. Es muy necesario contar con legislación urbanística, de conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural eficaz, actualizada y que incorpore tendencias y mandatos de las instituciones y legislación europea y nacional. Para ello, es preciso realizar un trabajo riguroso, participado y transparente, basado en necesidades reales de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, no en los intereses económicos de unos pocos. Dada la gravedad del problema, el Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de La Sierra de Guadarrama ha presentado alegaciones a los contenidos y procedimiento de tramitación de la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y ha solicitado formalmente la retirada del citado anteproyecto.