Más de medio centenar de trabajadores de la empresa Activex, que hasta ahora prestaban el servicio de Atención al Cliente para la compañía de seguridad ADT, han denunciado encontrarse en una situación de «limbo legal y laboral» tras la adquisición de ADT por parte de Sector Alarm. La plantilla asegura que la operación de subrogación que debía garantizar la continuidad de sus empleos no se ha materializado, dejando a los empleados sin puesto de trabajo efectivo y con incertidumbre sobre sus derechos laborales.

Los afectados se concentraron este martes, 7 de julio, en las instalaciones de ADT y Sector Alarm, situadas en la calle Pollensa de Las Rozas de Madrid, con el objetivo de incorporarse a sus puestos de trabajo. Sin embargo, según explican los propios trabajadores, se les impidió el acceso al edificio, motivo por el que fue necesaria la intervención policial para levantar un atestado de lo sucedido.

La situación tiene su origen en la reciente adquisición de ADT por parte de Sector Alarm, una operación empresarial que también ha dado lugar a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la compañía adquirida. Según denuncian los trabajadores de Activex, el proceso ha dejado sin resolver la situación de la plantilla que prestaba servicios externalizados de Atención al Cliente.

Hasta el pasado 6 de julio, Activex, empresa perteneciente al grupo Agio Global, era la encargada de gestionar este servicio para ADT desde su centro de trabajo ubicado en Las Rozas. Ese mismo día, la empresa dio por finalizada la relación laboral con sus empleados, retiró los equipos de trabajo y cerró las oficinas desde las que se prestaba el servicio.

La dirección de Activex había comunicado previamente a la plantilla, el pasado 10 de junio, que el cambio empresarial implicaría la aplicación de la cláusula 20 del Convenio Colectivo de Contact Center, que regula la subrogación obligatoria cuando un servicio cambia de adjudicatario. Según esa interpretación, Sector Alarm debía asumir la incorporación de los trabajadores que venían desarrollando la actividad.

No obstante, los empleados aseguran que durante semanas no recibieron ninguna confirmación por parte de la empresa adquirente sobre el proceso de incorporación. Finalmente, apenas con 48 horas laborables de margen, Activex comunicó a la plantilla que Sector Alarm no había confirmado la aceptación de la subrogación y procedió a suspender la relación laboral, solicitando además la devolución inmediata de los equipos informáticos y del resto del material de trabajo.

Los afectados sostienen que esta decisión les deja en una situación especialmente delicada, ya que no se ha producido un despido colectivo por parte de Activex que permita negociar un expediente de regulación de empleo, pero tampoco se ha hecho efectiva su incorporación a Sector Alarm. Como consecuencia, denuncian encontrarse sin actividad laboral y con incertidumbre incluso respecto al acceso a las prestaciones por desempleo.

La plantilla vincula esta situación con el proceso de reorganización empresarial abierto tras la adquisición de ADT. Según explican, las negociaciones del ERE en la compañía concluyeron sin acuerdo entre la dirección y el comité de empresa durante la pasada semana, manteniéndose la incertidumbre sobre el futuro de numerosos trabajadores.

Los empleados consideran que la operación empresarial está teniendo un importante impacto social y laboral, tanto sobre la plantilla propia de ADT como sobre los trabajadores de las empresas auxiliares que prestaban servicios para la compañía.

Tras impedirles el acceso a las instalaciones de Las Rozas, los trabajadores anuncian que emprenderán las acciones legales necesarias para defender sus derechos ante la autoridad laboral competente y exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso de subrogación.

Sector Alarm es una empresa de origen noruego dedicada a la instalación y gestión de sistemas de seguridad y alarmas con presencia en varios países europeos, entre ellos España. Según indican los trabajadores afectados, la operación de compra de ADT ha contado con el respaldo financiero del fondo de inversión KKR, una de las mayores firmas internacionales de capital privado y gestión de activos, cuya participación en distintos proyectos empresariales ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones sociales y sindicales debido al impacto laboral de algunas de sus inversiones.