La coordinadora denuncia que el anteproyecto impulsado por el Gobierno regional abre la puerta a una mayor desregulación urbanística, reduce la participación ciudadana y favorece los intereses de los grandes operadores inmobiliarios

Más de una treintena de colectivos vecinales, ecologistas, sindicales, culturales y profesionales de la Comunidad de Madrid han constituido la plataforma Madrid contra la LIDER, una coordinadora ciudadana que nace con el objetivo de frenar la tramitación de la futura Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), el nuevo texto con el que el Gobierno autonómico pretende sustituir buena parte de la actual normativa urbanística.

Las organizaciones consideran que la futura ley representa un cambio de modelo territorial que prioriza la liberalización del suelo y la agilización de los desarrollos urbanísticos frente a la protección del territorio, el patrimonio y el interés general. Aseguran que, bajo el argumento de simplificar los trámites administrativos y favorecer la actividad económica, el anteproyecto elimina controles públicos, reduce garantías ambientales y limita la capacidad de la ciudadanía para intervenir en decisiones que afectan directamente a sus municipios.

Con el lema «Madrid contra la LIDER», la coordinadora celebrará su presentación pública el próximo martes 30 de junio a las 19:00 horas en la Sala 13 Rosas de la sede de CCOO de Madrid. El acto servirá para explicar el contenido del anteproyecto y advertir de las consecuencias que, a juicio de las entidades promotoras, tendría su aprobación.

Una ley que, según denuncian, beneficia a la especulación

Uno de los principales reproches de la plataforma es que la nueva normativa no afronta el problema del acceso a la vivienda. Los colectivos sostienen que la LIDER no incorpora mecanismos suficientes para aumentar el parque de vivienda protegida ni garantiza que el crecimiento urbanístico responda a las necesidades sociales. En su lugar, afirman, facilita nuevos desarrollos al servicio de la especulación inmobiliaria y de los grandes propietarios de suelo.

Las entidades consideran que el acceso a una vivienda digna requiere una planificación pública orientada al interés general y no una mayor liberalización del mercado, por lo que creen que la nueva ley no contribuirá a resolver la actual emergencia habitacional que atraviesa la región.

Críticas a la privatización del control urbanístico

Otro de los aspectos que genera mayor preocupación es la creación de las denominadas Entidades Privadas Colaboradoras (ECU), organismos privados que podrían asumir funciones de verificación y control de actuaciones urbanísticas.

La coordinadora sostiene que este sistema supone una privatización de competencias que hasta ahora corresponden a las administraciones públicas y alerta de un posible conflicto de intereses, ya que serían los propios promotores quienes contratarían a las entidades encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa.

A juicio de los colectivos, esta medida reduce la capacidad de control de las administraciones y debilita las garantías de transparencia e independencia en la tramitación urbanística.

Riesgo para el suelo rural y el patrimonio natural

Las organizaciones también muestran su preocupación por el tratamiento que la nueva ley otorga al suelo rural. Según explican, el texto facilita actuaciones urbanísticas en terrenos no protegidos y amplía los usos excepcionales permitidos incluso en determinados espacios protegidos.

En su opinión, esta flexibilización incrementa la presión urbanística sobre espacios agrícolas, forestales y naturales de gran valor ambiental y puede favorecer un crecimiento disperso con importantes consecuencias para la biodiversidad, el paisaje y la sostenibilidad del territorio.

La coordinadora advierte de que la Comunidad de Madrid ya soporta una elevada presión urbanística y considera que la nueva normativa podría acelerar la transformación de numerosos espacios naturales y rurales.

Menor participación ciudadana y menos herramientas para recurrir

La plataforma también denuncia que el anteproyecto reduce los mecanismos de participación pública durante la elaboración y aprobación de los planes urbanísticos.

Según explican, la ley limita las posibilidades de que vecinos, asociaciones y colectivos puedan presentar alegaciones o influir en los procesos de planificación territorial. Además, aseguran que el texto dificulta la impugnación judicial de planes urbanísticos que pudieran resultar contrarios a la legalidad, restringiendo un derecho que existe en la legislación urbanística española desde mediados del siglo XX.

Asimismo, consideran que la protección del patrimonio histórico y cultural queda debilitada respecto a la normativa actualmente vigente.

Un proceso de información pública que consideran insuficiente

La coordinadora critica igualmente la forma en la que se está tramitando el anteproyecto. Recuerda que el texto consta de 323 artículos y que el periodo de información pública ha sido, a su juicio, demasiado breve para permitir un análisis detallado por parte de las organizaciones sociales, los ayuntamientos y la ciudadanía.

Por ello, reclaman la paralización de la tramitación y la apertura de un proceso de debate mucho más amplio que permita abordar una reforma de la legislación urbanística con participación de todos los sectores implicados.

Una campaña por toda la Comunidad de Madrid

Más allá de la presentación oficial, Madrid contra la LIDER anuncia que desarrollará una campaña informativa en barrios y municipios de toda la región con el objetivo de explicar el contenido de la futura ley y movilizar a la ciudadanía.

La coordinadora considera que las consecuencias de la LIDER trascienden el ámbito técnico del urbanismo y afectan directamente a cuestiones como el acceso a la vivienda, la protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio histórico, la planificación de los municipios y la calidad de vida de la población.

La presentación pública tendrá lugar este martes 30 de junio, a las 19:00 horas, en la Sala 13 Rosas de la sede de CCOO de Madrid, situada en la calle Lope de Vega, 38. En ella participarán representantes de las más de treinta entidades que integran la plataforma y que explicarán las próximas acciones previstas para intentar frenar la aprobación de la futura Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región.