Varios municipios de la Sierra de Guadarrama vuelven a situarse entre los ayuntamientos con menor inversión en servicios sociales de todo el país, según los datos correspondientes a 2024 recogidos en el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, elaborado a partir de los presupuestos municipales liquidados y publicados por el Ministerio de Hacienda.

El informe establece como referencia un gasto mínimo aceptable el 60 % de la mediana estatal en Servicios Sociales y Promoción Social, que en 2024 se sitúa en 63,89 € por habitante y año. Por debajo de ese umbral se consideran municipios con una inversión social claramente insuficiente. En total, 45 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en toda España se encuentran en esta situación, 18 de ellos en la Comunidad de Madrid.

Encabezando la lista de menor inversión social está Galapagar, con apenas 35,89 € por habitante al año destinados a servicios sociales, la cifra más baja de todo el país. Muy cerca en ese ranking figuran también otros municipios de la Sierra de Guadarrama. Torrelodones registra un gasto de 37,33 € por persona, mientras que Las Rozas de Madrid dedica 38,92 € y Collado Villalba alcanza los 41,81 € por habitante. Estas cifras los colocan entre los primeros puestos de la clasificación de ayuntamientos “pobres en inversión social”.

Majadahonda, por su parte, también aparece en la lista de municipios madrileños con inversión social insuficiente, situándose por debajo del umbral de 60 % de la mediana y formando parte del mismo grupo de ayuntamientos con gasto social muy por debajo de la media nacional.

Estas cifras contrastan con la mediana estatal de 106,48 € por habitante y año en servicios sociales en 2024, y con los municipios que lideran la inversión social en España, algunos de los cuales superan ampliamente los 200 € por persona. El estudio vuelve a poner de manifiesto la enorme desigualdad existente entre ayuntamientos en función del territorio, independientemente de sus recursos económicos o tamaño poblacional.

Tal y como ya reflejaba el artículo publicado el año pasado en Adelante Sierra, la presencia recurrente de localidades serranas entre los que menos invierten en servicios sociales evidencia una tendencia consolidada en el tiempo. Colectivos sociales y profesionales del sector advierten de que esta infrafinanciación tiene un impacto directo en la atención a personas mayores, dependientes, familias en situación de vulnerabilidad y menores en riesgo de exclusión.

Las organizaciones de defensa de los servicios sociales insisten en la necesidad de un cambio de prioridades en las políticas municipales y reclaman tanto a los ayuntamientos como a la Comunidad de Madrid un refuerzo sostenido de la financiación pública para garantizar derechos sociales básicos y evitar que el acceso a la protección social dependa del municipio en el que se resida.