Podemos, Más Madrid e Izquierda Unida de San Lorenzo de El Escorial han cargado duramente contra el Partido Popular tras el último pleno municipal, en el que el equipo de gobierno apoyó una moción presentada por la concejala no adscrita procedente de VOX sobre la denominada “Prioridad Nacional”. Las tres formaciones consideran que el Ejecutivo local ha “cruzado una línea roja” al respaldar una iniciativa que, aseguran, “pretende institucionalizar la exclusión social y el señalamiento de la población inmigrante”.

En un comunicado conjunto, las organizaciones de izquierda denuncian que el texto aprobado por PP y VOX incluye referencias a la necesidad de “prohibir expresamente la emisión de informes faltos de rigor”, algo que interpretan como una acusación velada hacia los trabajadores municipales de Servicios Sociales y del Padrón. Según sostienen, la moción pone en duda la profesionalidad de los funcionarios públicos y deja entrever que podrían estar elaborando informes irregulares para favorecer a personas migrantes.

Podemos, Más Madrid e Izquierda Unida defienden “la integridad y profesionalidad” de los empleados municipales y rechazan lo que consideran un intento de sembrar desconfianza sobre los servicios públicos. “El Partido Popular y la concejala Marta Cebrián están sugiriendo que los técnicos emiten informes falsos o sin rigor”, señalan en el escrito.

Las formaciones también critican el uso político del Real Decreto 316/2026, que según afirman está siendo utilizado para alimentar un “miedo infundado” sobre la inmigración. Frente al discurso del “efecto llamada”, recuerdan que las personas migrantes “ya viven y trabajan” en San Lorenzo de El Escorial y subrayan su papel en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.

En este sentido, aseguran que los problemas de saturación de los servicios públicos no tienen su origen en la inmigración, sino en la gestión municipal del PP y VOX. Entre las cuestiones que denuncian mencionan la pérdida de 2,7 millones de euros de fondos europeos destinados a rehabilitación de viviendas, el colapso de varios departamentos municipales, la venta de viviendas públicas en lugar de destinarlas a alquiler social y las sucesivas subidas salariales del equipo de gobierno.

El comunicado también rebate algunos de los argumentos planteados durante el debate plenario. Las organizaciones señalan que el informe de control interno del Ayuntamiento identifica como principal debilidad la “mala planificación económica”, citando el pago de 921 facturas fuera de presupuesto por valor de 1,4 millones de euros.

Asimismo, desmienten que los procesos de regularización extraordinaria otorguen automáticamente derechos políticos a las personas extranjeras. Recuerdan que estas medidas únicamente conceden permisos de residencia y trabajo, y que el derecho a voto depende de acuerdos de reciprocidad y de un mínimo de cinco años de residencia legal e ininterrumpida en España, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Para Podemos, Más Madrid e Izquierda Unida, el papel desempeñado por el Partido Popular en este pleno ha sido el de “cómplice necesario” de un discurso que consideran contrario a los derechos humanos. Las tres formaciones sostienen que la moción aprobada “no busca resolver problemas reales”, sino “sembrar miedo mediante el racismo y desplazar el debate público hacia posiciones cada vez más inhumanas”.

El comunicado concluye con una defensa de los servicios públicos y de la convivencia social, asegurando que “la verdadera seguridad nace de fortalecer lo común, no de perseguir al vulnerable”, y cierra con el lema: “Ningún ser humano es ilegal”.