La coalición Por Galapagar, integrada por Más Madrid, Izquierda Unida y Galapagar Importa, ha denunciado que la oficina antiocupación puesta en marcha por el Ayuntamiento de Galapagar carece de competencias reales para abordar la mayoría de las situaciones que recibe, tal y como reconoce su propio informe de gestión. Desde la coalición califican este recurso, presentado por el Partido Popular como uno de los ejes de su acción de gobierno, como un “fiasco” que no responde a los problemas reales del municipio.

Según los datos del informe, de las 25 consultas que el Ayuntamiento ha difundido como balance anual de la oficina, solo 12 se refieren a posibles ocupaciones y fueron realizadas por correo electrónico. Varias de ellas corresponden a las mismas personas y a idénticas situaciones, una está relacionada con un conflicto familiar y otras tantas se refieren a una finca sobre la que la propia Policía Local señala que no existe indicio de delito. El resto de los casos se reparte entre una ocupación en una vivienda bancaria y dos situaciones permanentes que han generado conflictos graves de convivencia vecinal.

El informe también recoge que una parte significativa de las consultas atendidas no guarda relación con ocupaciones, sino con dudas generales, conflictos de alquiler o problemas de convivencia. Incluso tres de los casos analizados versan sobre materias completamente ajenas a la ocupación, a pesar de lo cual el equipo de gobierno del Partido Popular ha decidido incorporarlos al cómputo de la actividad de la oficina.

Desde Por Galapagar advierten de la “alarma social” que, a su juicio, está promoviendo el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Carla Greciano al sobredimensionar un problema que consideran prácticamente inexistente. De acuerdo con el propio informe, apenas se identifican dos casos reales de ocupación en un municipio con más de 35.000 habitantes y 14.585 viviendas censadas, según datos de la Comunidad de Madrid correspondientes a 2022.

El documento oficial de la oficina antiocupación reconoce expresamente sus limitaciones al señalar que muchos de los casos recibidos exceden las competencias municipales, especialmente aquellos que requieren decisiones judiciales, actuaciones sobre propiedad privada o procedimientos civiles entre particulares. Estas restricciones, añade el informe, explican que la intervención municipal se limite en la mayoría de las ocasiones a orientar, mediar, informar y coordinar, sin capacidad para resolver directamente los conflictos.

La coalición sostiene que estas funciones ya vienen siendo desarrolladas históricamente por la Policía Local, los Servicios Sociales y los servicios de mediación vecinal, por lo que consideran que la creación de esta oficina supone una duplicidad innecesaria de recursos públicos si no es, afirman, con el objetivo de alimentar una percepción de inseguridad injustificada.

Por Galapagar señala además que el foco de la acción municipal debería situarse en los problemas reales de vivienda que afectan a muchas familias del municipio, como las dificultades para afrontar el pago del alquiler, las subidas abusivas de precios, la especulación inmobiliaria o el endeudamiento hipotecario. En este sentido, la coalición defiende la necesidad de impulsar políticas de vivienda decididas, entre ellas la limitación de precios, el refuerzo de la mediación vecinal, políticas públicas con perspectiva de género y un presupuesto social orientado a ofrecer alternativas habitacionales.