a coalición Por Galapagar —integrada por Más Madrid, Izquierda Unida y Galapagar Importa— ha denunciado públicamente la modificación de la ordenanza de empadronamiento aprobada por el gobierno municipal del Partido Popular y VOX durante el pleno ordinario de mayo. Según la formación, esta medida representa un “grave retroceso” en los derechos de la ciudadanía y “refuerza el poder de los caseros frente a los inquilinos”.

La nueva normativa, que según el gobierno local busca «evitar la ocupación», permite al Ayuntamiento eliminar el empadronamiento de personas a petición de los propietarios, incluso si las personas afectadas están cumpliendo con sus obligaciones contractuales. Para Por Galapagar, esto supone un “peligroso precedente” que abre la puerta a decisiones arbitrarias y a la pérdida de acceso a servicios municipales esenciales.

“Esta ordenanza puede dejar a familias sin acceso a la educación, la sanidad, servicios sociales o incluso sin el derecho al voto en unas elecciones municipales”, advierten desde la coalición. A su juicio, se trata de una normativa que “podría vulnerar derechos constitucionales básicos y limitar la libertad personal”.

Además, Por Galapagar señala que la ordenanza no solo perjudica a las personas que viven de alquiler, sino también a quienes conviven con familiares o personas dependientes. En este sentido, alertan de que familias que acogen a personas mayores o en situación de dependencia para poder acceder al Servicio de Ayuda a Domicilio podrían verse no solo con la ayuda denegada, sino también sancionadas económicamente.

“La modificación roza la ilegalidad y atenta contra los derechos sociales y civiles de la población galapagueña”, subrayan. Desde la coalición consideran que esta medida no solo no contribuye a resolver el problema de la vivienda en Galapagar, sino que lo agrava, al “criminalizar a quienes más apoyo necesitan” y evitar afrontar el acceso a la vivienda desde una perspectiva de derechos.

Por Galapagar ha manifestado su intención de seguir trabajando para frenar la ordenanza y proteger el derecho de todas las personas a empadronarse y vivir con dignidad en el municipio.