El Hospital General de Villalba es un centro que, a pesar de ser público, se encuentra en parte privatizado bajo la gestión de QuirónSalud, propiedad de la multinacional alemana de la sanidad privada Fresenius, y que desde la firma de convenios entre la Consejería de Sanidad y la Fundación Jiménez Díaz/QuirónSalud  por parte de cargos del Partido Popular (actualmente imputados en la trama Púnica), durante el gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre, ha servido para producir beneficios empresariales a costa de la salud e impuestos de los madrileños, privatizando un servicio público de, literalmente, vital importancia.

No en vano, el propio exconsejero de Sanidad e imputado en la Púnica Juan José Güemes, hablaba de este modelo como una “oportunidad de negocio”, sabiendo lo que estaba cocinando con sus compañeros de partido.

Actualmente, además del Hospital General de Villalba, QuirónSalud gestiona los hospitales de Valdemoro, Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz.

En verano se realizaron en el Hospital de Villalba contrataciones de enfermeros recién graduados de las comunidades con más paro, Andalucía y Extremadura, incluyendo una bonificación de 1200 euros si permanecían 3 meses, lo que suponía un plus de 400 euros, siendo un sueldo al que no llegan muchos enfermeros experimentados del hospital, mientras que en el resto de hospitales se encuentra en torno a los 1.700 euros. Al conocer estas injustas cláusulas, esa mañana los enfermeros de quirófano realizaron una sentada espontánea y se concertó por la tarde una reunión con la dirección del hospital. El personal sanitario convocó una asamblea y exigió voz y participación en el asunto. De este acontecimiento aparecen representantes electos de cada servicio de cara a las negociaciones con la empresa.

La Plataforma por la Sanidad Pública de la Sierra de Guadarrama surge en ese momento a partir de asambleas abiertas en el hospital en apoyo a la plantilla como un conjunto de profesionales de la salud (tanto del Hospital General de Villalba como de otros centros), pacientes, vecinos y organizaciones que luchamos por unas condiciones dignas del personal sanitario y una atención de calidad para los pacientes en el Hospital de Villalba, donde la escasa plantilla y recortes salariales para obtener beneficios empresariales repercuten en detrimento de la calidad asistencial. Desde la plataforma hemos recogido numerosos testimonios acerca de pacientes que han sufrido las consecuencias sobre su salud de este tipo de gestión. De forma clara y visual, la ratio de pacientes por enfermera en UVI en otros hospitales es de dos, mientras que en el de Collado Villalba a menudo es de cuatro.

Por otra parte, el control y fiscalización en este tipo de centros es menor que en el promedio de hospitales públicos, mientras que el importe asignado por habitante adscrito es mayor, acrecentándose la deuda de los madrileños con estos sobrecostes con los que se asegura el beneficio de la empresa.

En septiembre comenzaron los despidos improcedentes de los representantes, buscando amedrentar a los trabajadores y acallar cualquier tipo de queja. Primero fueron los casos de Chus y Jorge. Las supervisoras no publicaban las planillas de octubre porque esperaban más. Desde la plataforma convocamos una manifestación multitudinaria, que junto con la difusión entre los vecinos de la sierra y por los medios de comunicación, permitió que se frenaran por un tiempo los despidos. No obstante, QuirónSalud ante la impunidad por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, volvió a vulnerar los derechos de los trabajadores despidiendo a principios de noviembre a Ainara, también representante en las negociaciones y delegada sindical.  Cuando al día siguiente en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid desde el grupo de Unidas Podemos – Izquierda Unida se preguntó a Rafael Antonio Barberá de la Torre, Director General de Gestión Económico-Financiera y Farmacia, por su valoración sobre los tres despidos, este contestó que no tenía nada que decir al respecto ya que cualquier cuestión relacionada con este hospital incumbe exclusivamente a la empresa privada que lo gestiona y que ninguna dirección del SERMAS tiene ni voz ni voto en ello.

En el Hospital General de Villalba manda la ley de QuironSalud, y su ambición de privatización traspasa las infraestructuras que manejan, encontrándose un día compañeros que repartían octavillas en la calle frente al hospital obligados a retirar su mesa informativa y presionados a terminar con el reparto, llamando incluso a la policía municipal. No obstante, muy a su pesar, las calles que rodean su cortijo continúan siendo públicas, y no han podido impedir que sigamos repartiendo las octavillas como aquel día, ni podrán callarnos a tantas que seguimos sumando en la lucha y alzando la voz a sus puertas, frente a sus tropelías, por una sanidad 100% pública y de calidad.