¿Qué pasa?… ¡¡Que no tenemos casa!!
Por Carlos García – Gelabert
El domingo 13 de octubre muchas salimos a la calle por el centro de Madrid. Denunciamos la situación en la que se encuentran miles de familias y gran parte de las jóvenes (millennials/ generación Y) que no pueden acceder a una vivienda digna. Exigimos al Gobiernos Central y al Autonómico las medidas necesarias para solucionar la precariedad en la que nos encontramos. Las manifestantes eran en su mayoría jóvenes afectadas o, sin más, concienciadas. Pertenecían o fueron convocadas por asociaciones ciudadanas, plataformas de afectadas, asambleas de vivienda y otras organizaciones vecinales. En la marcha, al final estábamos los sindicatos y los partidos; cómo no, estábamos las de Podemos con clara voluntad de apoyar a todo movimiento que luche por recuperar derechos.
No se puede permitir que en lugar de arreglarse el acceso a la vivienda sea cada vez más difícil. Cuando se habla del estado del bienestar, cuando se saca pecho por la defensa de la sanidad y de la educación públicas, no debemos dejar atrás la vivienda pública. Si no se concibe que un paciente no sea atendido de urgencia en el hospital, nos debe producir el mismo efecto que personas sin recursos se vean desalojadas de sus viviendas.
El lunes 14 de octubre nos enteramos de que el Presidente Sánchez se ha “sensibilizado” ante esta protesta y va a destinar 200 millones al bono de alquiler joven ¡Un bono! Esto es no querer enterarse de lo que se está denunciando, es hacer que la sociedad pague por lo que no se quiere remover. Los rentistas se frotarán las manos. Hay que tomar otras medidas.
Estas medidas no son otras que las que se derivarán de que el Gobierno de Ayuso, para empezar, deje de gobernar para los rentistas y los fondos buitre. El Partido Popular en Madrid está encadenando una serie de cambios legislativos para favorecer a la iniciativa privada especulativa en materia de vivienda y de urbanismo, para rentabilizar al máximo las propiedades inmobiliarias, para facilitar los pelotazos, sin que venga un tribunal de justicia o los y las ecologistas a meter las narices en los planes de urbanismo y licencias. Nos referimos a la Ley Ómnibus de 2022 y a la nueva que se va a aprobar próximamente.
Así se está maniobrando también con los pisos turísticos, flexibilizando su tramitación que se basa en una simple declaración responsable de la propiedad para registrarse como vivienda turística. Estas viviendas son consideradas por el nuevo Plan General de Madrid como una vivienda más, con las condiciones generales de las mismas, sin otros requisitos. Esto es lo que llaman flexibilización y modernización de la administración y en ocasiones libertad. Estos pisos turísticos están expulsando a los vecinos de sus barrios y provocan el aumento de los precios y la escasez de los alquileres.
Carlos García – Gelabert es Portavoz de Podemos Alpedrete