Montse, una vecina de 63 años desalojada del bloque de la calle Trinidad 19 el pasado 30 de septiembre, ha fallecido esta semana tras más de dos meses viviendo en la calle. Según ha confirmado la Asamblea de Vivienda de Villalba, una ambulancia la atendió en la noche del lunes 8 de diciembre y dos días después murió en el hospital, poniendo rostro y nombre a las consecuencias más graves de los desahucios sin alternativa habitacional. La Asamblea ha trasladado sus condolencias a la familia, amigas y antiguas vecinas del inmueble, con quienes Montse mantuvo un estrecho vínculo durante años.

El desalojo de Trinidad 19, propiedad de la SAREB, se llevó a cabo sin previo aviso y sin permitir a las vecinas recoger sus pertenencias. En algunos casos, denunciaron, incluso se llegó a emparedar a sus mascotas en el interior. La orden municipal, firmada por la alcaldesa la misma mañana de la intervención, se sustentó en el Decreto 7389/2025, basado únicamente en el artículo 21.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, un precepto que no otorga a los alcaldes la capacidad de ordenar desalojos de ese modo. Las afectadas sostienen que la supuesta preocupación sanitaria alegada por el Ayuntamiento fue una excusa para facilitar la intervención en beneficio de la SAREB y obtener rédito político a costa de las familias más vulnerables.

El fallecimiento de Montse no es un caso aislado en Collado Villalba. Alfonso, un hombre de 59 años que también fue desalojado, murió de hipotermia en diciembre de 2020 en la Plaza de los Belgas. Entonces, la concejala de Servicios Sociales justificó públicamente la falta de intervención municipal aludiendo a patologías previas y a que Alfonso no aceptaba ayuda. Para los colectivos sociales, la muerte de Montse resulta aún más dolorosa porque el desalojo fue ejecutado directamente por el Ayuntamiento y, pese a ello, no se activó ningún seguimiento desde Servicios Sociales.

La Asamblea de Vivienda recuerda que el 6 de octubre varias antiguas vecinas de Montse acudieron a Servicios Sociales en busca de apoyo y no recibieron ninguna respuesta ni alternativa. En su informe sobre la situación de los servicios municipales, el colectivo denuncia la escasez de recursos: el Ayuntamiento destina 39,33 euros por habitante al año, muy lejos de los 323,36 euros de la Comunidad de Madrid o de los 372,23 de la media estatal. Esta falta de inversión se traduce en la inexistencia de un programa de alojamiento alternativo pese a estar contemplado en la normativa, listas de espera para conseguir una cita que han pasado de 30 a 45 días en un solo año y una ratio de una trabajadora social por cada 5.471 personas, tres veces más de lo recomendado. Llama especialmente la atención que el presupuesto anual para ayudas sociales, de poco más de 500.000 euros, resulte prácticamente equivalente al complemento salarial aprobado en noviembre para la Policía Local, destinado a incentivar un mayor número de sanciones.

Por motivos de privacidad, la Asamblea de Vivienda no ha revelado más detalles sobre la muerte de Montse, pero insiste en que su estado de salud se deterioró rápidamente desde que se vio obligada a vivir en la calle y que la Administración Local se desentendió por completo de su situación. Las vecinas asistirán a una misa en su recuerdo, prevista en la ermita de Santiago Apóstol, donde también se homenajeará a otra persona que dormía en el albergue Santa Rita y que ha fallecido recientemente.

La Asamblea exige que no se repitan episodios de sufrimiento como los que han vivido Alfonso, Montse y tantas otras personas sin alternativa habitacional. “Los desahucios matan”, señalan, reclamando un sistema que garantice derechos básicos y que no deje a nadie atrás.