Published On: Vie, Sep 18th, 2020

“La falsa burbuja de la okupación”

Por Patricia García Cruz quien deshace algunas de las falsedades, confusiones y ambigüedades interesadas de la derecha política y mediática sobre un supuesto crecimiento de la “okupación”

La interesada y sensacionalista campaña impulsada desde la derecha política (PP, Cs y Vox) y mediática sobre una supuesta “escalada masiva de okupación” de inmuebles, se ha convertido en el flotador al que asirse para desviar la atención de lo verdaderamente importante. Es una vieja estrategia que por un lado busca ocultar el auténtico problema de fondo: la imposibilidad de acceder a una vivienda, y por otro, servir de trampolín para justificar cambios legales que protejan a bancos, grandes tenedores de viviendas o fondos buitre. Y de paso tratar de evitar que se hable de la flagrante incompetencia de gestión de la crisis Covid-19 en la Comunidad de Madrid.

Esta artificial “burbuja de la okupación” se desinfla con datos, argumentos legales e información.

Empecemos con los datos. Según números de la Comunidad de Madrid (CAM) proporcionados por la Policía y la Guardia Civil: de 2,9 millones de viviendas que hay en la región, 4.717 estaban ocupadas en 2019, es decir un 0,14%. Se  trata en su mayor parte de pisos que pertenecen a los bancos, fondos buitre o grandes tenedores de vivienda. En segundo lugar estaría los de agencias públicas de vivienda. Solo el 16% de los pisos ocupados en esta comunidad pertenecen a particulares. En base a los datos de Interior, sólo una de cada 5.000 viviendas de propietarios particulares estaba “okupada” en la región. Es falso que haya habido un crecimiento “alarmante” en el último año, se mantiene la misma tendencia.

Entonces cabe preguntarse dónde está la excepcionalidad o la novedad de la situación. ¿Qué ha cambiado? Acudamos al marco legal establecido.

En junio de 2018 se aprobaba en las Cortes la conocida como “Ley del desahucio exprés” (ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil) con los votos a favor del PP, Cs, PDeCAT y PNV. Una reforma legislativa justificada para que los propietarios recuperasen más ágilmente sus viviendas tras una ocupación. También se publicitó como una forma de poner coto a las mafias de ocupación de inmuebles. Desde la izquierda, criticamos la total ausencia de medidas para personas o familias que se ven obligadas a ocupar viviendas por estar en  situación de vulnerabilidad debido a la falta de alternativas habitacionales. 

La conocida como ley del desahucio exprés permite que los propietarios puedan acceder a un juicio civil de forma rápida. El proceso estipulado sigue una vía de urgencia en plazos: después de la presentación de la demanda civil de desahucio, tras la que se establece un plazo aproximado de un mes, los propietarios suelen recuperar su vivienda. Y en casos de que recaiga en juzgados de primera instancia muy sobrecargados, el proceso no suele superar los 4-5 meses. Expertos del ámbito jurídico indican que la legislación actual es suficientemente garantista de los derechos de propietarios particulares.

Sin embargo, y de forma interesada, la derecha política y mediática dramatizan y exageran con la ejemplificación de casos del tipo: “me he ido de vacaciones y cuando llegué me habían ocupado mi casa”, o “bajé a la compra y al regresar me ocuparon mi vivienda”…Aquí hay que decir que se está realizando una intencionada confusión entre lo que está tipificado legalmente como usurpación u ocupación y lo que está tipificado como allanamiento de morada. A río revuelto, ganancia de pescadores. Es una forma de multiplicar casos bajo el saco de la “okupación” y hacer campaña. Todos es ocupación, lo cual es rotundamente mentira.

Desde el ámbito jurídico se explica que el allanamiento es un delito grave penado con hasta 2 años de cárcel y se produce cuando alguien entra sin permiso en una vivienda que es tu primera o segunda residencia. En este caso, la justicia actúa de forma inmediata y la policía  desaloja la vivienda en dos días o antes. Y la usurpación es un delito menor que se pena con una multa y que se produce cuando se ocupa una vivienda deshabitada. La mayoría de los casos son de inmuebles pertenecientes a bancos, promociones paralizadas o de fondos buitre. Y la mayoría de las “okupaciones” o usurpaciones son de personas o familias que no tienen dónde vivir.

Entonces volvemos a la pregunta retórica. ¿Cuál es el objeto de tanta obsesión con el tema?. Forzar un cambio normativo para proteger las numerosas viviendas en manos de las entidades bancarias, de los fondos de inversión o de promotoras.  Y por otro lado, tapar el problema de fondo: el deber de los poderes públicos y de administraciones como las municipales de garantizar el derecho a la vivienda. Sirva de ejemplo el ayuntamiento de Las Rozas. Unidas por Las Rozas lleva años denunciando la sobrealimentación de la especulación urbanística, el “ladrillazo”, y la falta de un parque de vivienda social o de casas a precios accesibles para jóvenes, familias y personas en con menos recursos. La vivienda en este municipio está entre las más caras de la Comunidad, y lo que no se cumple es el derecho a una vivienda.

Seriamente, ateniéndonos al rigor, en Las Rozas no existe un problema de ocupación ilegal de viviendas como pretende hacer creer la derecha política con sus iniciativas en plenos municipales. Tampoco a nivel estatal. Es una cortina de humo lanzada en medio de una crisis que está haciendo temblar los cimientos del Gobierno de la CAM por su nefasta y caótica gestión. El problema real en vivienda es otro, y es que para las mayorías sociales resulta muy difícil acceder a una vivienda digna.

En conclusión, la falsa burbuja de la “creciente okupación” se deshace con el marco normativo en la mano: hay leyes que regulan todo esto. La laguna, el vacío está en la falta de viviendas accesibles. 

Patricia García Cruz

Portavoz del Grupo Municipal de Unidas por Las Rozas

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