Las conocidas como “8 de Becerril” han lanzado una campaña de financiación colectiva impulsada junto a la Asamblea de Vivienda de Villalba para sostener el proceso judicial abierto contra ocho activistas por las protestas pro-palestinas durante el paso de La Vuelta Ciclista a España por la Sierra de Guadarrama en septiembre de 2025.

La iniciativa, publicada en la plataforma de micromecenazgo Goteo, busca recaudar fondos para afrontar gastos de abogados, posibles sanciones y costes derivados de una causa penal que las encausadas consideran “un montaje represivo” contra el movimiento de solidaridad con Palestina.

La campaña está siendo difundida activamente por la Asamblea de Vivienda de Villalba, colectivo muy conocido en la Sierra por su actividad en defensa del derecho a la vivienda y por las movilizaciones contra desahucios y fondos buitre en la comarca. En los últimos años, la asamblea ha protagonizado numerosas campañas sociales en Collado Villalba y otros municipios serranos, convirtiéndose en uno de los movimientos sociales con mayor implantación en la zona.

En la propia presentación del crowdfunding, las impulsoras recuerdan que las protestas de la Sierra contra la participación del equipo israelí Israel Premier Tech fueron parte de “una movilización masiva” que recorrió distintas etapas de La Vuelta y que tuvo uno de sus momentos más importantes en la etapa serrana con final en la Bola del Mundo.

La campaña sostiene que las ocho encausadas “se enfrentan a posibles penas de prisión por participar en una protesta pacífica” y denuncia que el procedimiento judicial pretende “castigar la solidaridad con Palestina y criminalizar la desobediencia civil”. También afirman que las acciones realizadas aquel día buscaban denunciar “el genocidio en Gaza” y el uso del deporte internacional como herramienta de “blanqueamiento político”.

Las organizaciones recuerdan que durante aquella jornada miles de personas participaron en concentraciones y acciones de protesta en municipios como Cercedilla, Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial, Los Molinos, Collado Mediano, Becerril de la Sierra o el Puerto de Navacerrada. La magnitud de las movilizaciones obligó incluso a modificar partes del recorrido y provocó uno de los mayores despliegues policiales de toda la competición.

La acción desarrollada en Becerril de la Sierra terminó convirtiéndose en el principal foco de la causa judicial. Más de un centenar de personas ocuparon la carretera mientras varias activistas desplegaban pancartas y mensajes de apoyo al pueblo palestino. La Guardia Civil intervino y detuvo a uno de los participantes. Meses después, otras siete personas fueron incorporadas al procedimiento judicial.

Desde la campaña de apoyo insisten en que el atestado policial “no tiene relación con lo ocurrido realmente” y defienden que la movilización fue “legítima, pacífica y proporcionada a la gravedad de la situación en Palestina”. Las encausadas sostienen además que este tipo de procedimientos buscan generar miedo y desmovilización en los movimientos sociales.

El crowdfunding explica que los fondos recaudados se destinarán tanto a cubrir la defensa jurídica como a “fortalecer la campaña política y comunicativa” en torno al caso. Las impulsoras consideran que el proceso contra las “8 de Becerril” puede convertirse en un precedente peligroso para futuras movilizaciones sociales y denuncian que el derecho a la protesta está siendo cada vez más limitado.

La campaña también carga contra la “hipocresía institucional” del Gobierno central. En el texto publicado en Goteo recuerdan que Pedro Sánchez llegó a reivindicar públicamente las movilizaciones en solidaridad con Palestina mientras, al mismo tiempo, la Fiscalía podría solicitar penas de prisión contra quienes participaron en ellas.

La Asamblea de Vivienda de Villalba ha vinculado además esta campaña con la creciente criminalización que, según denuncian, sufren distintos movimientos sociales en la Sierra. En los últimos meses, la asamblea ha denunciado públicamente campañas institucionales contra la ocupación, desahucios y acusaciones políticas contra el colectivo.

Las impulsoras del crowdfunding llaman ahora a construir una amplia red de solidaridad en torno a las encausadas que ya está siendo compartida por colectivos sociales, organizaciones pro-palestinas y movimientos por el derecho a la vivienda de distintos puntos del Estado.

El objetivo, aseguran, es convertir el caso de las “8 de Becerril” en un símbolo contra la criminalización de la protesta y en defensa de Palestina. Mientras tanto, las ocho activistas continúan preparándose para declarar el próximo 21 de octubre en los Juzgados de Collado Villalba, en un proceso que podría marcar un antes y un después para el movimiento de solidaridad con Palestina en la Sierra de Guadarrama.