La puesta en marcha de las promociones del Plan Vive en Moralzarzal ha provocado nuevas críticas por parte del Partido Comunista de España (PCE) en la Sierra de Guadarrama, que acusa al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiento de la localidad de impulsar un modelo de vivienda que, lejos de garantizar el acceso a un hogar asequible, favorece los intereses de empresas privadas a través de la cesión de suelo público.

En un comunicado difundido esta semana, el Núcleo Sierra Guadarrama del PCE sostiene que la documentación oficial de las viviendas previstas en Moralzarzal confirma que los precios de alquiler anunciados se encuentran muy alejados de lo que consideran una oferta realmente accesible para la mayoría de la población trabajadora, especialmente para la juventud y las familias con menores ingresos.

Según los datos recogidos por la organización, las viviendas de dos dormitorios parten de una renta mensual de 783 euros, mientras que las de tres dormitorios alcanzan los 1.052 euros al mes, cantidades a las que habría que sumar gastos de comunidad y otros costes asociados. Para el PCE, estos precios evidencian que el denominado alquiler asequible promovido por la Comunidad de Madrid no responde a la realidad económica de una parte importante de los vecinos y vecinas del municipio.

Desde la organización comunista cuestionan además que estas promociones puedan presentarse como una solución pública al problema de acceso a la vivienda cuando, aseguran, existen actualmente inmuebles en el mercado privado de Moralzarzal que se anuncian por cantidades similares e incluso inferiores. En su opinión, si una promoción construida sobre suelo público no logra ofrecer alquileres significativamente más bajos que los del mercado libre, resulta legítimo preguntarse cuál es el beneficio social real de este modelo.

La crítica del PCE no se limita únicamente al precio de las viviendas. El comunicado pone el foco en el funcionamiento mismo del Plan Vive, basado en la cesión de suelo público a empresas privadas para que construyan, gestionen y exploten las promociones durante décadas. Según denuncian, en el caso de Moralzarzal esta operación cuenta además con la participación directa del Ayuntamiento, que habría puesto terrenos municipales a disposición de las empresas adjudicatarias.

Para la formación, este sistema representa una forma de privatización encubierta de recursos públicos, ya que el patrimonio colectivo acaba siendo utilizado para garantizar la rentabilidad empresarial. En este sentido, consideran que tanto la Comunidad de Madrid como los gobiernos municipales gobernados por el Partido Popular están apostando por un modelo que trata la vivienda como una mercancía y una oportunidad de negocio, en lugar de reconocerla como un derecho fundamental.

El PCE enmarca esta situación dentro de la creciente crisis habitacional que atraviesa la Comunidad de Madrid. A su juicio, el aumento continuado de los precios de compra y alquiler está expulsando a jóvenes, trabajadores y familias de numerosos municipios, incluida la Sierra de Guadarrama. Una realidad que, sostienen, dificulta cada vez más la emancipación juvenil y la posibilidad de desarrollar proyectos de vida estables en los pueblos de la comarca.

La organización alerta de que esta dinámica amenaza con transformar profundamente el tejido social de la Sierra, donde muchas personas se ven obligadas a abandonar sus municipios por la imposibilidad de encontrar una vivienda a precios asumibles. Frente a ello, defienden la necesidad de impulsar políticas públicas mucho más ambiciosas que permitan garantizar el acceso a una vivienda digna para las clases trabajadoras.

Entre las medidas que propone el PCE se encuentran la creación de un gran parque público de vivienda en alquiler que permanezca permanentemente bajo gestión pública, la movilización de viviendas vacías en manos de grandes propietarios y entidades financieras, la limitación de los precios abusivos del alquiler y el desarrollo de mecanismos que impidan que los hogares tengan que destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la vivienda.

Asimismo, la organización reclama que el suelo público se reserve para la construcción de vivienda pública de gestión pública y rechaza las fórmulas de colaboración público-privada que, según denuncian, terminan garantizando beneficios empresariales mediante recursos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía. También critican el papel que desempeñan promotoras, fondos de inversión y grandes tenedores en el mercado inmobiliario, a quienes responsabilizan de buena parte de los procesos especulativos que afectan al acceso a la vivienda.

El comunicado concluye con una defensa de la vivienda como un derecho básico y no como un negocio, reclamando políticas «valientes» para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar alquileres realmente asequibles en la Sierra de Guadarrama. «La Sierra necesita vivienda pública, alquileres asequibles de verdad y no más cesiones de suelo público para el beneficio privado», señala la organización, que insiste en que la actual política de vivienda de la Comunidad de Madrid está lejos de responder a las necesidades reales de la población.